CROMAÑÓN: RECHAZAN EL RECITAN A BENEFICIO DE LA BANDA CALLEJEROS

Los familiares de víctimas de la tragedia de República Cromañón se manifestaron “indignados” por el recital a beneficio que anunció la banda Callejeros al tiempo que redoblaron las críticas contra el gobierno porteño al presentar ayer un reclamo judicial para que dos funcionarios de la administración de la ciudad y cuatro que renunciaron a sus cargos sean indagados como acusados de formar una asociación ilícita destinada a cometer delitos.

“La mayor parte de los padres están indignados, primero porque Callejeros vuelvan a tocar y más indignados con que lo hagan en beneficio de las víctimas, porque si hay algo que no terminan de entender Callejeros es que a nuestros hijos los mataron por plata”, señaló el abogado José Iglesias, padre de una de las 193 víctimas de la tragedia y representante de la mayoría de los familiares.

En tanto, en un escrito entregado al juez de instrucción porteño Julio Lucini, los familiares pidieron que la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y el subsecretario de Justicia -que la sucedió en el cargo- Marcelo Antuña, sean indagados como “jefe” y “organizador” de una asociación ilícita.

También reclamaron que sean citados como “miembros” de la organización la directora general adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández; el ex director general de esa dependencia, Gustavo Torres, y el ex director de Control Comunal Alejandro Kampelmacher.

En caso de que Lucini haga lugar al planteo de la querella, la ex secretaria de Control Comunal y el subsecretario de Justicia serán interrogados por un delito no excarcelable, ya que la pena mínima para un jefe u organizador de asociación ilícita es de cinco años y la máxima diez.

Para los familiares, de las declaraciones testimoniales reunidas en la causa “surgen diversos elementos que acreditan la existencia de una organización enmarcada dentro de la estructura funcional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Se trata de una organización permanente, tendiente a cometer diversos delitos con el fin de procurarse fondos y otro tipo de beneficios a favor de un grupo de funcionarios que organizan y dirigen esa estructura”, afirmaron en el escrito entregado a Lucini.

La querella consideró que “mediante la comisión de delitos, los funcionarios han evitado la aplicación de la normativa vigente en materia de control de locales públicos, obteniendo a cambio recaudar fondos para cajas políticas y lograr diversos beneficios con la misma finalidad”.

Agregaron que “la desaprensión por alcanzar resultados económicos y por adecuar a ello la estructura funcional, la iniciativa de las inspecciones, las facultades de los inspectores, la determinación de las rutinas, y en definitiva el ejercicio del control, dio como resultado que el local República de Cromañón pudiera funcionar con una habilitación irregularmente acordada”.