CROMAÑÓN: SOBRESEYERON A TRES EX FUNCIONARIOS

Otros tres ex funcionarios del gobierno porteño durante la gestión de Aníbal Ibarra fueron sobreseídos en la causa que investiga la tragedia de Cromagnon.

Fuentes vinculadas a la causa informaron a LANACION.com que se trata de Juan Carlos Loupias, Alfredo Ucar y Juan Carlos Sánchez.

Loupias se desempeñaba como asesor de Enrique Carelli, ex subsecretario de Seguridad Urbana; Sánchez era el director del área de Contralor de Espectáculos en el momento de la tragedia; y Ucar era asesor de Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal porteña, procesada hoy por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El sobreseimiento fue dictado este mediodía por la jueza María Angélica Crotto.

Ucar y Lopuias habían sido procesados a mediados del año pasado por el entonces juez de la causa, Marcelo Lucini, pero la Sala Quinta de la Cámara del Crimen revocó ese fallo y dispuso la falta de mérito.

Sánchez, por su parte, estaba con falta de mérito dictada por el propio juez Lucini y confirmada por la Cámara.

Los tres quedaron ahora desvinculados de la investigación y el sobreseimiento aclara que la formación del expediente “no afecta su buen nombre y honor”.

Para la jueza Crotto, ni Ucar, ni Loupias, tenían poder de decisión sobre las inspecciones que debían realizarse en los locales nocturnos, lo cual les quita responsabilidad sobre el desenlace trágico de la noche del 30 de diciembre de 2004.

Loupias, incluso, tenía “prohibido sugerir lugares a inspeccionar” y sus tareas le habían sido “asignadas informalmente” por Carelli, pero sin una normativa legal clara.

Ucar carecía de poder de decisión en relación con “los objetivos a inspeccionar” y Sánchez tenía asignado el control de estadios mas no de locales bailables Clase C, como Cromagnon.

Si bien le fue encomendada “a prueba” la inspección de cinco espectáculos, ninguno de ellos se había celebrado en Cromagnon, dijeron las fuentes que escribió la jueza en su resolución.

Críticas. El abogado José Iglesias, padre de unas las víctimas, rechazó la medida adoptada por la magistrada y adelantó que apelarán la resolución.

“El gran problema aquí respecto de estos ex funcionarios es que la Cámara dispuso su falta de mérito y ello implica una orden para seguir investigando. Sin embargo, desde el 22 de diciembre de 2005 hasta hoy no se produjo ninguna diligencia y nosotros pedimos varias”, manifestó.