CTC RATIFICA EL INFORME SOBRE MENORES
La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) ratificó el informe sobre menores privados de la libertad publicado la semana pasada por El Ciudadano, ante las afirmaciones del ministro de Gobierno Roberto Rosúa “en cuanto a la inexactitud de los datos del estudio”. La CTC explicó que los datos sobre heridas de armas de fuego, golpes y torturas (de las que según el informe eran víctimas el 95 por ciento de los detenidos) y consumo de drogas fueron recabados en entrevistas personales, en el marco del proyecto sobre prevención de sida desarrollado en el año 2004.
Este proyecto que incluía a mayores detenidos fue monitoreado por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por su parte, el juez de Menores Juan Leandro Artigas decretó que el hábeas corpus presentado por el padre de un pibe detenido en la 6ª devino en abstracto, ya que no hay más chicos detenidos en esa seccional, y pidió al gobierno presupuesto para el óptimo funcionamiento de las instituciones que albergan a menores.
Respuesta
La CTC aseguró que en el año 2004 los menores estaban alojados en las comisarías 11ª, 21ª, 6ª, el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) y el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar). En primer término se desalojó la comisaría 21ª y luego de una denuncia por apremios hecha por la CTC, en julio de 2004, también se desalojó la comisaría 11ª, con lo cual los chicos fueron redistribuidos en la 6ª, el CAT y el Irar.
“Los datos sobre las condiciones edilicias y de detención en el Irar, la comisaría 6ª y el CAT están actualizados a agosto de 2005, como especifica el informe”, sostuvieron desde la CTC, en referencia a los dichos de Rosúa, que calificó el informe de “desactualizado”.
Informes anteriores
“Efectivamente han existido distintos informes anteriores sobre la situación de los niños efectuados por la CTC. Si el señor ministro observa que los datos son similares a los del año 2002-2003 es porque la condición de detención de los chicos no solo no se resolvió sino que empeoró”, afirman desde la entidad de derechos humanos en su informe.
Además, aseguran que, en las entrevistas realizadas en 2004, se incluyeron datos que no estaban contemplados en las anteriores como heridas, torturas y secuelas de las mismas.
“Sería interesante que si el Ministerio de Gobierno posee datos actualizados sobre la situación de los menores privados de la libertad los haga públicos”, expresaron en un comunicado los miembros de la CTC.
“Como es de rutina cada vez que se hacen públicas las condiciones de detención de los menores se toman medidas de urgencia, como la redistribución de los chicos en lugares tan inadecuados como los denunciados, pero no se establecen políticas claras y de fondo para resolver la situación de niños que se encuentran privados de libertad”, opinaron los militantes de la ONG.
HÁBEAS CORPUS
El juez de Menores Juan Leandro Artigas, en cuyo juzgado se tramitaba un hábeas corpus presentado por el padre de un adolescente detenido en la comisaría 6ª, emitió ayer una resolución en la que sostiene que el caso “devino en abstracto”, ya que no hay más pibes alojados en esa dependencia por orden del ministro Roberto Rosúa, quien decidió el desalojo de todos los detenidos menores de edad de la seccional de calle San Luis. Pero lo inédito del dictamen es que le solicita al Estado el presupuesto necesario para el funcionamiento de todos los institutos de menores.
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