CUANDO ACCEDER A LAS DROGAS CONTRA EL SIDA NO RESULTA FÁCIL

Luego de los recientes fallos judiciales que en repuesta a los recursos de amparo presentados por la abogada rosarina Carmen Maidagan obligaron al Ministerio de Salud de la Nación a suministrar las medicaciones Tenofovir y Enfurvirtide (T20) para pacientes con VIH tratados en Rosario, distintas entidades y organizaciones que nuclean a pacientes y familiares de personas que viven con VIH-Sida coincidieron en señalar “la necesidad de que estos nuevos medicamentos se incorporen en el vademécum del Programa Nacional de Lucha Contra el Sida que, en el marco de la ley 23.798, obliga al Estado nacional a garantizar un adecuado tratamiento para la infección en todas sus etapas”.

“Nosotros estamos pidiendo que estos nuevos medicamentos se incluyan en el listado del Programa”, indicó Gladys Gonzáles, presidenta de la Organización de Familiares Enfrentando el Sida (OFES).

Para los representantes de las ONGs locales vinculadas al tratamiento del VIH, “el hecho de que estos dos medicamentos no estén incluidos en el vademécum oficial hace que el Estado nacional no se provea de los mismos a través de mecanismos de licitación. De modo que cuando en determinada instancia de la enfermedad se presentan casos en que esta nueva medicación es considerada indispensable para continuar el tratamiento, no hay manera de que en la órbita de la salud pública los pacientes puedan acceder a ella sino es a través de un recurso de amparo judicial”.

En este marco, la pasada semana se conocieron públicamente en Rosario siete casos de pacientes que presentaron amparos judiciales, denunciando al Estado nacional por presunto incumplimiento de la ley 23.798. De los siete pacientes en tratamiento, dos fallecieron antes de conocerse el fallo judicial y cinco pudieron acceder finalmente a la medicación gracias a una sentencia favorable de la Cámara de Apelaciones. Pero hay dos casos en que el Estado nacional interpuso recursos extraordinarios para llegar a la Corte Suprema, al sostener que la responsabilidad es compartida con las provincias, según informó Gustavo Martínez, secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“Se trata de dos medicaciones nuevas de alto costo que la Nación no está comprando sino es contra orden judicial. A requerimiento de los médicos y a través de los hospitales y centros de atención públicos el pedido se formula ante el Programa Provincial de Sida que, a su vez, eleva el requerimiento al Programa Nacional. Pero la respuesta es que estas drogas no han sido todavía incluidas el el vademécum del Programa Nacional”, explicó la abogada Carmen Maidagan.

“La única vía que les queda a los pacientes para que la Nación envíe estos medicamentos de ultima generación es a través de un recurso de amparo judicial. Si bien el derecho a la salud es algo que deben garantizar las provincias, en el caso específico de los medicamentos contra el sida hay que subrayar que el compromiso de suministrar los tratamientos en tiempo y forma fue asumido por la Nación a partir de la ley 23.798. En este marco legal el Estado nacional tiene la obligación de comprar los medicamentos y los reactivos para los análisis que luego se distribuyen a través de los efectores provinciales”, puntualizó la abogada comunitaria.

“Lo que estamos reclamando desde las ONGs es que se actualice el vademécum oficial del Programa Nacional de Lucha Contra el Sida”, señaló por su parte la psicólogo María del Carmen de La Cruz, presidenta de ACAAD, una entidad civil sin fines de lucro que desde 1990 viene trabajando sobre distintos aspectos ligados a la prevención y tratamiento del VIH.

“Hay que tener en cuenta que cuando en el ámbito de la salud pública los especialistas indican un medicamento de última generación para una persona enferma de sida es porque lo consideran indispensable. En esos casos se trata sin duda de pacientes que ya vienen de un desgaste terapéutico muy marcado y no responden a los tratamientos convencionales. Y es inmoral que el Estado se desentienda de esos casos y haya que apelar a la justicia para que la medicación llegue”, subrayó.
Por lo demás, en el ámbito de la salud pública donde se suministran los tratamientos contra el VIH, los especialistas consultados por este diario coincidieron en que “en general la Nación está cumpliendo con los requerimientos de la Ley 23.798. Los medicamentos se suministran en tiempo y forma. Pero ante ciertos casos puntuales de pacientes que dejan de responder a los tratamientos tradicionales es necesario implementar mecanismos que puedan garantizar el acceso rápido a las nuevas medicaciones sin tener que apelar a la vía judicial”.

De los aproximadamente 3.000 pacientes en tratamiento por VIH que hay en Rosario, “la mayoría afortunadamente responde favorablemente a los tratamientos tradicionales. Pero también sabemos que estamos frente a un virus que es muy dinámico, con una alta capacidad de replicación, que muta y que puede hacerse resistente a las drogas”, explicó el infectólogo Marcelo Leguizamón, del Programa Municipal de prevención y tratamiento del VIH.

“En materia terapéutica para enfrentar el Sida hay avances permanentes. La incorporación de nuevas drogas más potentes y eficaces es una constante en los últimos años. El Plan nacional tiene un listado básico de medicamentos con los cuales se resuelve la mayoría de los tratamientos. Pero existen pacientes que por distintos motivos se van haciendo resistentes a estos tratamientos”, amplió el especialista.