Cuando la justicia está en deuda

La Comisión Investigadora No Gubernamental formalizó una nueva denuncia para que la justicia indague sobre una incógnita histórica que nadie logró develar a dos años del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Cuál fue la orden del poder político ante la revuelta social? ¿Diseñó la policía un plan de operaciones como lo exige la ley? Y si lo hubo, ¿por qué nunca lo pidió ningún juez? El ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez dijo que ordenó preservar la vida por sobre todas las cosas y hasta aportó una prueba: antes del estallido, llamó a su segundo, el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez y le dijo: "No quiero ningún muerto en la provincia de Santa Fe". Las consecuencias de la represión policial fueron trágicas: siete muertos, decenas de heridos en Rosario. La denuncia fue planteada ante el fiscal de turno en los Tribunales rosarinos (ver aparte), pero es una consecuencia directa del ping pong judicial que se produjo en la causa en la que están imputados Dominguez y Alvarez por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el expediente intervinieron dos jueces correccionales: Juan José Alarcón, de Rosario y Roberto Reyes, de Santa Fe. Alarcón exculpó a cuatro jefes de la plana mayor de la Unidad Regional II porque a su criterio no podían cumplir una orden que no recibieron. "Mal puede atribuirse un incumplimiento de órdenes que jamás existieron", sentenció. Sin embargo, Reyes esgrimió el argumento inverso para dictar la falta de mérito de los amigos de Carlos Reutemann. "Entiendo que jefes policiales de alta jerarquía (como los que estaban en el banquillo) deben tener la suficiente preparación y entrenamiento para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el entonces ministro Dominguez y de un licenciado en Ciencias Políticas como el ex subsecretario Alvarez (sic)", afirmó. Lo curioso es que el magistrado de Santa Fe había centrado su pesquisa sólo en los pertrechos (para indagar si las fuerzas policiales tenían cartuchos antitumultos suficientes para reprimir la revuelta), pero no se privó de opinar sobre las órdenes y ‑de paso‑ rebatir a su colega Alarcón. La resolución ya tiene su consecuencia: familiares de tres víctimas de la represión lo recusaron con causa. "Entendemos que el juez está prejuzgando, adelantó opinión y marca el rumbo definitivo de la investigación. Por eso creemos que debe apartarse del proceso y dejar que otro juez investigue de manera imparcial", dijo la abogada Carmen Maidagan, que patrocinó el escrito del padre de Claudio Lepratti, la esposa de Rubén Pereyra y la madre de Juan Delgado. El contrapunto entre Alarcón y Reyes, la conclusión a la que llegó el juez de Santa Fe acerca de que la Policía de Rosario tenía cartuchos antitumultos suficientes para no apelar a los proyectiles letales, y el resultado de la represión de diciembre trágico ‑siete muertos por balas de plomo‑, empujó a la Comisión No Gubernamental a reclamar una investigación imparcial sobre la gran incógnita. "Hay qué determinar si hubo órdenes y cómo se plasmaron materialmente. Porque si la orden era preservar la vida como dice Domínguez, el resultado no fue el que se buscaba", afirmó Antonio Tesolini. "Y si no se dieron las órdenes, también hay una responsabilidad institucional porque como funcionarios públicos tenían el deber de dar órdenes precisas y supervisarlas. Eso es lo que hay que investigar: si se dieron las órdenes, cuáles fueron y por qué no se supervisaron. Porque hubo siete muertes por balas policiales", agregó. ‑Ustedes dicen que la Policía estaba obligada por ley a diseñar un plan de operaciones. ¿Por qué no lo pidió ningún juez? -preguntó Rosario/12. ‑Eso lo tendría que haber hecho el juez Reyes. La orden política la da el gobernador y el ministro a través del subsecretario de Seguridad. Y a partir de esa orden, (la Policía) debe establecer un plan de operaciones. Y no puede alegar desconocimiento como dice Alarcón que fue una situación inédita porque los mismos funcionarios públicos dijeron que se veía venir (la revuelta). Dominguez lo dijo en tres lugares distintos. En la Comisión de Labor Parlamentaria (de la Cámara de Diputados). En sede judicial cuando se presentó en forma espontánea ante el juez (Osvaldo) Barvero y en la indagatoria ante Reyes. Y ante la Comisión Investigadora. Siempre dijo lo mismo, que se prevía lo que podía pasar. Y tomó decisiones en ese sentido: mandó al delegado del Ministero de Gobierno en Rosario (Osvaldo Turco) para que interceda en los conflictos y se solucionen pacíficamente. Pero después le tuvo que pedir a Turco que salga de la calle porque tenía órdenes desde algún lugar para que se repliegue. Allí cambió la estrategia y se resolvió ir al frente con la represión -recordó Tesolini. ‑¿Dónde está ese plan de operaciones? ‑Lo tendrían que reclamar los jueces. La policía tiene la obligación por ley de hacerlo como lo demostró el juez Candioti en la represión a los bancarios, en 1996. Allí quedó muy claro. La orden política del vicegobernador (Gualberto Venecia) era garantizar las sesiones de la Legislatura y el derecho constitucional al reclamo. En función de eso se armó un plan de operaciones con vallas, cantidad de personal. Esa es la clave -concluyó.