Cuando las leyes inútiles debilitan a las necesarias

OPINIÓN Esta semana entró en vigencia la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que otorga mayor libertad de acción a las fuerzas de seguridad federales. Ahora, los efectivos podrán usar armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Por Analía De Luca

Las voces en contra de la medida no demoraron en hacerse escuchar. Estela de Carlotto, opinó que con esta medida la ministra Bullrich busca “legalizar la muerte”; el juez Carlos Rozanski denunció a Bullrich por “abuso de autoridad” y diputados opositores se apresuraron a presentar un proyecto de regulación del uso de armas de fuego. En tanto, el juez porteño Roberto Gallardo declaró la inconstitucionalidad de la medida y ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que no adhiera a la normativa. La propia Elisa Carrió, socia fundadora de Cambiemos, manifestó claramente su oposición cuando publicó en su cuenta de Twitter que la reglamentación “viola los Derechos humanos fundamentales”.

Y es que la medida choca. Choca con el recuerdo de los abusos policiales y militares durante el último gobierno de facto, choca por la falta de diálogo entre sectores, choca con los tratados internacionales vigentes, y choca, sobre todo, con nuestra forma de gobierno -expresada en el Art. 1 de nuestra Constitución Nacional- que no es delegativo, oligárquico ni centralista. Y, más aun, choca con el concepto de la división de poderes, quitando sentido a la existencia del Poder Judicial, sin perjuicio de la carga económica que su funcionamiento nos cuesta a los argentinos.

Según el Informe Anual del Consejo de la Magistratura, el año pasado ocurrieron 144 homicidios dolosos en CABA. Si a esa cifra se le restan las 107 muertes en las que hubo participación policial, solo hubo 27 homicidios dolosos sin participación policial durante 2017 en Capital Federal.

Los números

Además, la medida choca con la estadística: aunque la ministra Patricia Bullrich defendió la disposición argumentando que ‘el 99% de la gente muere a manos de los delincuentes‘, según datos publicados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2017 murieron 107 personas en hechos de violencia con participación policial en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Siguiendo la lógica de la funcionaria, si esas 107 muertes representan el uno por ciento restantes al total, deberían haber muerto asesinadas 10.593 personas en la Ciudad de Buenos Aires durante 2017.

Sin embargo, según el Informe Anual del Consejo de la Magistratura, el año pasado ocurrieron 144 homicidios dolosos en CABA. Si a esa cifra se le restan las 107 muertes en las que hubo participación policial, solo hubo 27 homicidios dolosos sin participación policial durante 2017 en Capital Federal.

Según Chequeado.com, de esas 107 muertes con participación policial, 69 fueron a manos de agentes policiales fuera de servicio; y, para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 23 horas hay un caso de “gatillo fácil” en Argentina.

 

Con el correr de las horas…

Uno a uno, diferentes sectores sociales y políticos comenzaron a despegarse de la iniciativa, dejando entrever la ineficacia del gobierno central a la hora de delinear políticas estructurales: recordemos que Mauricio Macri y su gabinete ya han dado marcha atrás con muchas medidas inconsultas anunciadas, como cambios en la escala salarial de jubilados y pensionados, suspensiones de beneficios sociales a personas con discapacidad, aumentos de tarifas y privatizaciones.

La necesidad de consensuar ampliamente tal medida fue claramente ratificada -luego- por Elisa Carrió, cuando propuso que la disposición pase por el Congreso para dotarla de legalidad: “habiendo de por medio una cuestión que implica la posibilidad de causar la muerte de un delincuente o accidentalmente la de un inocente, no puede ser una simple Resolución Ministerial‘, opinó la diputada nacional en una carta abierta dirigida a las fuerzas federales, donde, además, insiste en la importancia de “proteger adecuadamente al agente”.

En nuestra provincia, el gobernador Miguel Lifschitz aseguró que no se prevé “ninguna alteración respecto del accionar policial”; pero lo cierto es que las fuerzas federales operan en cada rincón del país, bajo órdenes que exceden a los gobiernos locales.

Es verdad que el delito y la violencia se instalaron en nuestro país y que la policía -muchas veces- se ve legal y operativamente atada de pies y manos ante organizaciones delictivas que siempre parecieran estar un paso adelante; ahora, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contempla la introducción de pistolas eléctricas al equipamiento de la Bonaerense, para otorgar a la fuerza alguna herramienta no letal pero efectiva. Pero la policía no es la única pata en la mesa de la inseguridad: la pobreza, la justicia, el narcotráfico y la educación son variables que también deben ser tenidas en cuenta.

En nuestra provincia, el gobernador Miguel Lifschitz aseguró que no se prevé “ninguna alteración respecto del accionar policial”; pero lo cierto es que las fuerzas federales operan en cada rincón del país, bajo órdenes que exceden a los gobiernos locales. Por ahora, al parecer, la inseguridad seguirá vigente y, además, cualquier agente federal anónimo tendrá licencia para matar.