CUATRO DE CADA DIEZ PERSONAS QUE RECUPERAN SU LIBERTAD VUELVEN A COMETER UN DELITO

El 80 por ciento de quienes cumplen condenas en la provincia de Santa Fe no terminaron la escolaridad primaria y del total, el 8 por ciento son analfabetos, según relevamientos que corresponden a 2004, a los que tuvo acceso Rosario/12. Mientras tanto los datos sobre los niveles de reincidencia indican que durante el año 2002 hubo un 22,3 por ciento de liberados que volvieron a cometer algún delito, “un porcentaje alto que es indispensable bajar”, según sostienen Fernando Rosúa, director del Servicio Penitenciario provincial, y Javier Garceche, del Patronato de Liberados. En ese marco, se inscribe el proyecto que se conoció días atrás y en el que uno de los datos que sobresale es el relativo a un subsidio de 200 pesos para quienes se encuadren en el concepto de liberados -quienes estén con libertad condicional, asistida, con la conocida como probetion o suspensión del juicio a prueba- o bien que hayan cumplido la condena. “El subsidio es un instrumento, un punto de partida que tiene en cuenta la capacitación, a veces la albafetización y la asistencia interdisciplinaria al liberado” por eso el análisis y un abordaje que pretende trabajar contra la fuerte estigmatización social tiene que tener en cuenta qué sucede desde el momento de la liberación y los 80 o 90 días posteriores, como señala Garceche. Desde el Patronato se anuncia la pronta apertura de “casas” en Santa Fe y en Rosario y el armado de los planes de emprendimientos que apunten a trabajar en la promoción de los criterios cooperativos y asociativos. Se trata de ir desde la marginalidad, la exclusión y el delito a una nueva oportunidad de vida.

“La idea es que después de esos seis meses de subsidio en los que por ejemplo hubo capacitación exista un emprendimiento en el que el liberado pueda insertarse y crear un mundo de trabajo y de relaciones que cuesta mucho”, explicó Garceche, abogado, oriundo de Villa Constitución, quien trabaja como director del Patronato de Liberados ‑que depende de la subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno‑ desde marzo pasado.

Garceche trabajó con Rosúa (h) y con el secretario de Derechos Humanos de la provincia Domingo Pochettino en el proyecto que tiene para la firma el gobernador Jorge Obeid por el que se propone armar un programa para que los detenidos que recuperen la libertad cobren durante seis meses un subsidio de 200 pesos a cambio de cumplir tareas laborales o de capacitación.

“Se trata de dar un abordaje científico y social a la problemática del liberado”, dice Garceche, quien ubica al subsidio como “un instrumento superador, un eslabón necesario hasta que la persona tenga definitivamente una inserción en un emprendimiento”. Pero sostiene que es sólo una parte de lo que se necesita e instrumentará para dar “entorno, cobertura y continente a aquellas personas que recuperan su libertar”.

Desde ese lugar el director del Patronato de Liberados anuncia la próxima inauguración de dos casas, una en Santa Fe y otra en Rosario, esta última ubicada en bulevar Avellaneda al 600, donde una estructura que albergará a un equipo interdisciplinario se plantea realizar evaluaciones y brindar apoyo en lo sociolaboral, en lo educativo y en cuanto a la salud psicofísica. Para 2006 la idea es abrir una sede “en cada lugar donde haya una unidad carcelaria”.

Los datos de reincidencia que corresponden al 2002 -son los últimos de que se dispone- señalan que de cada 100 condenados en las cárceles santafesinas que son liberados, hay un 22,3 por ciento que vuelve a cometer delitos. Ese porcentaje tiene una media nacional de alrededor del 24% y tanto Rosúa como Garceche hablan del objetivo y la responsabilidad de bajar esos niveles de reincidencia, ya que casi una de cada cuatro personas transita por esa situación.

Estos datos son algunos de los que se tuvieron en cuenta para la elaboración del proyecto en el que el concepto de liberados comprende a quienes tienen penas de ejecución condicional porque pasaron las dos terceras partes de la condena, están con libertad asistida, con la llamada probetion o bien los casos en que se haya cumplido la pena completa.

‑¿Por qué se toma el período de seis meses para plantear el subsidio en el proyecto que tiene que considerar el gobernador Obeid?

‑Hay un tramo especialmente delicado y es el que va desde que la persona recupera su libertad y los primeros 80 o 90 días. Allí está la mayor cantidad de reincidencias. Lo que se necesita es que la persona que cumple una condena tenga capacitación y que pueda insertarse luego en un emprendimiento que puede ser el de una huerta, el de talleres ‑desde carpintería a tornería‑ o los cultivos no tradicionales. Hay que trabajar sobre el estigma social con el que se enfrenta una persona que cumplió una condena. A partir de ese estigma se puede decir por ejemplo que el nivel de reinserción laboral de los liberados es cero. Hay que trabajar también para que socialmente se comprenda que si se bajan los niveles de reincidencia se estarán bajando al mismo tiempo los de inseguridad – contestó Garceche.

‑¿Cuál es el perfil medio en cuanto a educación y capacitación de quienes cumplen condena?

‑Hay datos que son demostrativos de la estrecha relación que existe entre la exclusión, marginación social y ruptura del contrato social que se armó y profundizó durante los años del gobierno de Carlos Menem y la comisión de delitos. Por eso es importante tener en cuenta que los informes socioeducativos del 2004 para la población carcelaria santafesina indican que el 80 por ciento de quienes cumplen condenas no terminaron la escolaridad primaria y el 8% son analfabetos. También se sabe que del total de condenados un 88 por ciento no terminó el secundario y que sólo lo hizo un 12 % Es a partir de 20 millones de excluidos en el país, sin trabajo, sin obra social y con problemas de alimentación y de educación que hay que analizar el delito. Y a partir de ahí las situaciones en que se dan los altos porcentajes de reincidentes.

‑¿Se va a contar con estructura y presupuesto para los subsidios y los emprendimientos de los que habla?

‑Esperamos tener todo listo para febrero próximo porque si el gobernador firma el decreto hay que instrumentar también el reglamento pertinente. La coordinación será a partir de los programas Manos a la Obra y Mejor trabajo. Además hay que instrumentar las tutorías porque para quien sale de la cárcel no es simple capacitarse pero mucho menos lo es hacer un mundo de relaciones. Después de estar cumpliendo una condena seguramente que esa persona no se planteó a sí misma como un “mini‑empresario”.