CUATRO PROCESADOS POR EL CASO DE LAS JUBILACIONES TRUCHAS EN RAFAELA

El juez federal Reinaldo Rodríguez dispuso el procesamiento de tres empleados de la filial Rafaela de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y de un gestor de la ciudad de Sastre por el caso de las jubilaciones truchas denunciadas a fines de 2002.

Después de una exhaustiva investigación el magistrado sobreseyó a una mujer que también trabaja en ese organismo, dictó falta de mérito a otros tres agentes y completó su actuación con embargos sobre los bienes de los procesados.

Paralelamente, la investigación interna iniciada por la Ansés nacional sigue adelante. Hasta el momento se había tomado como medida precautoria la suspensión sin goce de sueldo de cinco empleados de la Unidad de Atención Integral (Udai) de Rafaela, pero hace poco tiempo una de las agentes separadas fue reintegrada a su trabajo con restricciones impuestas por las autoridades nacionales, como la prohibición de acceder a los expedientes de trámites jubilatorios, entre otras.

La tarea judicial se inició después de una denuncia presentada a mediados de 2002 en la sede tribunalicia por la titular de la delegación de Ansés rafaelina, Graciela Balario, quien además prestó declaración testimonial y ampliaciones ante el juez Rodríguez.

La funcionaria se presentó con la intención de que se investigara la posible comisión de delitos ante la presencia de irregularidades detectadas en casi medio centenar de trámites realizados para percibir jubilaciones mínimas (unos $200) algunas de las cuales fueron otorgadas en esta ciudad y en otras poblaciones del centro-oeste santafesino y del este de Córdoba.

La denuncia desató investigaciones simultáneas a cargo de la Justicia federal y de la Gerencia de Investigación de Fraudes de la Ansés. La pesquisa derivó en la interrupción del pago de 34 jubilaciones y las suspensiones laborales mencionadas.

Durante la investigación desaparecieron 18 expedientes del archivo de la Udai Rafaela por lo que Rodríguez debió profundizar su accionar, durante el cual estuvieron bajo la lupa funcionarios, gestores, trabajadores y beneficiarios.

Este caso surgió hace dos años, cuando se detectaron las falsificaciones. Al respecto, Balario dijo que, por reglamento interno, las certificaciones de servicio con una antigüedad mayor a 30 años usadas para gestionar jubilaciones “no requerían verificación”. Esa circunstancia fue aprovechada por gestores inescrupulosos -ajenos a la Ansés- que comenzaron a fraguar certificaciones de trabajos hechos en empresas que dejaron de existir hace tiempo.

De ese modo, y con la supuesta complicidad de empleados de la Ansés, los gestores facilitaban el acceso a la jubilación a personas que no tenían los aportes exigidos para acogerse al beneficio. La maniobra consistía en confeccionar certificaciones de servicio falsas de empresas que ya no existían, en las que constaba que el solicitante había trabajado antes de 1970. Como la Ansés tiene informatizado sus archivos desde ese año en adelante, se dificultaba comprobar si los datos eran reales, máxime si la fuente laboral se había extinguido.

Según la documentación a la que tuvo acceso La Capital, el perjuicio económico ocasionado al sistema previsional del Estado supera los 45 mil pesos. El caso se encuentra actualmente bajo tratamiento de la Cámara Federal de Rosario debido a que los procesamientos fueron apelados por los respectivos abogados defensores.

Los procesados
El juez Rodríguez resolvió procesar a Silvia Piattoni, Alejandra Albanesi y Julio César Dellasanta (empleados de Ansés-Rafaela) y a Wilfredo Cesano (que reside en Sastre y oficiaba como gestor no autorizado) por la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional en el caso de 16 expedientes y por el mismo delito -pero en grado de tentativa- en otros 13.

En la misma resolución el magistrado dictó la falta de mérito para Liliana Ferreyra, Marcela Dechaino Podio y Dora Ungaro, a quienes hasta el momento no se les encontró probatoria suficiente para acusarlas de los delitos investigados, pero seguirán ligadas a la investigación.

Por otra parte, Rodríguez sobreseyó a Sonia Orona y dejó “expresa constancia que la formación de la presente causa no afecta su buen nombre y honor”.

Finalmente, el juez dispuso trabar embargo sobre los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de diez mil pesos por cada uno de ellos. Piattoni se desempeñaba como coordinadora de gestión y tenía la función de firmar las resoluciones que habilitaban el cobro del beneficio jubilatorio y determinaba qué expediente se sometía a análisis del Departamento de Control y Fraude y cuál no.

Albanesi se ocupaba de iniciar trámites previsionales y era la responsable de controlar documentación que le presentaban junto a pedidos de jubilación. Dellasanta era chofer, además colaboraba con tareas administrativas, pero según fuentes confiables -“varios testigos, solicitantes de jubilaciones- lo sindicaron como un gestor que cobraba por sus servicios.

La misma acusación pesa sobre Cesano, el único procesado que no es empleado la repartición oficial, a quien alrededor de una decena de testigos le endilga haber cobrado para llevar adelante los trámites jubilatorios y -según se presume- actuaba en común acuerdo con Dellasanta.