CUESTIONAMIENTOS A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE POR EL MANEJO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS

La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó esta semana la falta de controles en el otorgamiento de 1.600 millones de pesos en subsidios a empresas y sindicatos del transporte que hizo la Secretaría de Transporte entre el 2001 y diciembre del 2004 con plata extraída del llamado fondo fiduciario del gasoil.

En un informe de 120 páginas al que tuvo acceso Clarín en fuentes oficiales, la AGN —el máximo órgano de control del Congreso— reclamó, por ejemplo, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que cree un mecanismo de rendición de cuentas sobre la forma en que los empresarios gastan esos subsidios. Estos beneficios los otorga el Gobierno para evitar un aumento de los boletos que afecta a los sectores de menos recursos de la sociedad.

El informe también se queja porque Jaime, “no exige” a las empresas que cumplan con requisitos fijados para acceder a los subsidios como, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de los servicios en beneficio de las 20 millones de personas que viajan por mes en subte, 36 millones que usan trenes y 140 que lo hacen en colectivo en Capital y el Gran Buenos Aires.

Otra de las críticas apuntan al otorgamiento de un anticipo de 17 millones de pesos a la obra social del sindicato de Camioneros que lidera el kirchnerista Hugo Moyano para hacer exámenes psicofísicos a camioneros y del cual, hasta ahora, sólo se rindieron cuentas por poco más de la mitad.

El informe ya fue solicitado a la AGN por el juez federal Sergio Torres que investiga una denuncia por supuestas irregularidades en el manejo de los 20 fondos fiduciarios estatales. El manejo de estos fondos ha sido reiteradamente criticado por la líder del ARI, Elisa Carrió, y el senador radical Gerardo Morales, entre otros.

En la práctica, los fondos fiduciarios son cuentas bancarias especiales creadas en la década del ’90 y alimentadas con dinero público que manejan funcionarios al margen del presupuesto nacional. Este año los fondos consignados en el presupuesto llegan a 4.178 millones de pesos (ver “Un presupuesto…”).

La auditoría de la AGN al fondo del gasoil abarca los subsidios otorgados desde el 2001 hasta diciembre del 2004, es decir más de un año y medio de gestión de Jaime al frente de la Secretaría de Transporte.

Jaime, a través de un vocero consultado por Clarín, rechazó las críticas y afirmó que recién durante su gestión se empezó a controlar esta enorme masa de dinero (ver página 11). Además, dio una respuesta por escrito a la AGN que lleva su firma y no la de su jefe, el ministro de Planificación, Julio De Vido, lo que fue interpretado en fuentes parlamentarias como “una señal de distanciamiento” en este tema.

Otro aspecto criticado por la AGN es el margen de discreción que deja a los funcionarios la proliferación de decretos presidenciales y resoluciones ministeriales de este fondo fiduciario que fue creado por el decreto 976 de 2001 con el objeto específico de mejorar la infraestructura vial de todo el país.

Ante el aumento de este recurso que permite tener una caja a los funcionarios sin depender del Tesoro Nacional, el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy señaló reiteradamente la necesidad de que el Congreso le de un marco jurídico de regulación de estos fondos fiduciarios. El fondo del gasoil es el más grande de todos y distribuye $ 6 millones en promedio por día.

Los puntos principales del informe son:

Critica la falta de cumplimiento de empresas de trenes y colectivos a las condiciones establecidas para recibir subsidios como mejorar la calidad de los servicios que se basa en auditorías anteriores (ver agn.gov.ar). También porque recién en diciembre del 2004 se creó un sistema de validación de las declaraciones juradas sobre la cantidad de pasajeros que las empresas dicen transportar que se usan para determinar el nivel de los subsidios.

Objeta la contratación directa por más de 8 millones de pesos de la empresa “Proyectos de Informática” para la creación del Registro Unico del Transporte Automor (RUTA) en jurisdicción de la Gendarmería y con el fin de tener una base de datos de las empresas de transporte de carga. Y de la empresa Selene Publicidad por un contrato de $ 500 mil para la publicidad del RUTA.

En sus conclusiones, el informe señala que las amenazas de paro de los empresarios “con la laxitud evidenciada en los controles y en el accionar de la Secretaría de Transporte” convirtieron las condiciones para recibir subsidios “en meras enunciaciones formales de limitada aplicación y efectividad”.