CUESTIONAN APORTES PROVINCIALES PARA UNA OBRA QUE PIDIÓ CARGILL

La radicación de un puerto cerealero volvió a ser blanco de cuestionamientos después de que el gobierno provincial anunciara que invertirá 8 de los 15 millones que costará el tramo de ruta que unirá la futura planta de Cargill con la autopista Rosario-Buenos Aires.

Esa decisión se contradice con una resolución de la propia Secretaría de Medio Ambiente provincial que el 27 de mayo de 2004, al aprobar el estudio de impacto ambiental, estipuló que “el gobierno de la provincia de Santa Fe no se hará responsable de ningún tipo de erogación dineraria que demande la construcción” del enlace vial destinado a evitar que la enorme circulación de transporte pesado tenga que atravesar la zona urbana de la ciudad.

El concejal socialista de Villa Gobernador Gálvez, Luis Sánchez, produjo ayer un extenso informe en el que da cuenta de la contradicción y fustiga al gobierno porque “estatiza los gastos privados pero no las utilidades, confunde ganancias con desarrollo porque no hay derrame, ni distribución, ni creación de empleo”.

Continúa Sánchez: “La vida, la salud, la tranquilidad y el derecho de los vecinos no importa en estos proyectos y cuando veo gobernantes que se rinden a los pies del león sólo queda coincidir con José Saramago, cuando en el teatro Broadway de Rosario decía que los gobiernos actuales se han transformado en comisarios políticos del poder económico”.

Según la documentación aportada por la oposición de Villa Gobernador Gálvez, el proyecto Cargill es “una historia de engaños y avasallamientos”. Haciendo un inventario, empieza enumerando que “el 6 de noviembre de 2003 el oficialismo municipal transformó arbitrariamente en zona industrial el último kilómetro de costa, que por 30 años había mantenido como zona residencial y área protegida”.

Vecinos, organizaciones ecologistas, Colegios Profesionales, legisladores nacionales y provinciales y vecinos de otras cerealeras se presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. “De poco sirvió recordarle al secretario que la ley de medio ambiente 11.717 dice que se debe «asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y de la dignidad del ser humano»”, recuerda Sánchez.

“Tampoco fue convincente para Marcelo Terenzio recordarle que existen las Normas Mínimas Sobre Ordenamiento Urbano, fruto del decreto provincial 7317/67 que establece una distancia de 2 kilómetros respecto a cualquier urbanización para la instalación de este tipo de emprendimientos”.

Y por último el concejal opositor recuerda que la propia Secretaría de Medio Ambiente emitió el 27 de Mayo de 2004 la resolución 34, que aprueba el estudio de impacto ambiental presentado por Cargill S.A para la construcción de una planta de procesamiento de soja y puerto de embarque. En su artículo 2° impone condiciones como que “con anterioridad al inicio de las operaciones del complejo industrial, deberán estar construidas y habilitadas la playa externa de camiones y la traza o camino de acceso desde la autopista Rosario-Buenos Aires hasta el complejo industrial”, y establece que “el gobierno de la provincia de Santa Fe no se hará responsable de ningún tipo de erogación dineraria que demande la construcción”.

Sánchez sostiene que este “es otro engaño” porque el decreto 2.327 del 12 de noviembre el gobierno firma un convenio “en el que surge la sorpresa de que se incorpora a la red vial provincial el camino de acceso al puerto, asumiendo la empresa la donación de la mitad del costo de la obra, y obligándose la provincia de Santa Fe a desembolsar la otra mitad. En este aspecto vemos que no se cumple la tercera condición de la resolución 34, que le imponía a Cargill pagar el costo de las obras. Otra vez Juan Pueblo paga”, fustiga Sánchez.

Por otra parte, la cláusula cuarta del convenio dice: “En caso que a la fecha de puesta en marcha de la planta se hubieran registrado demoras no imputables a la empresa, que determinaran que las obras no se encontraran construidas en su totalidad y habilitadas, la empresa podrá iniciar las actividades de la nueva planta haciendo uso como acceso alternativo la ruta provincial 21”. Para Sánchez, “se vulnera nuevamente la resolución con la que se engañó a los vecinos”.