Cullen: “Lo prorrogaron porque no nos entusiasma nada”

El Dr Iván Cullen es el responsable de uno de los estudios de abogados que patrocina a más ciudadanos santafesinos que padecieron la inundación de 2003 y decidieron demandar al Estado por los daños que la catástrofe les produjo.

A pocas horas de que Notife publicara la determinación oficial de prorrogar un mes más el plazo para opinar sobre los acuerdos extrajudiciales que propuso el Gobierno provincial para subsanar -en parte- la situación que padecieron los inundados, el profesional indicó que tiene “muchas observaciones para hacer a la propuesta”.

En primera instancia comunicó que “en estos temas, lo fundamental es la decisión política y la voluntad de quererlo solucionar”. Del mismo modo señaló que hoy, los procesos judiciales relacionados con este asunto “están trabados porque la justicia está colapsada con la cantidad de expedientes que hay”. Esto hace que no se pueda “avanzar si quiera con los casos de los más pobres”.

Cabe recordar que, en primera instancia, el tiempo para opinar vencía hoy. Sin embargo, la Fiscalía de Estado decidió extenderlo -por Resolución- hasta el 10 de julio. Altas fuentes oficiales le reconocieron a este portal que la prórroga “se debe a que observamos un bajo interés”.

“Creo que lo han prorrogado porque a nosotros, y los otros abogados que están en el tema, no nos entusiasma nada y queremos hacer observaciones” insistió Cullen esta mañana en diálogo con LT9. A modo de ejemplo mencionó algunos de los puntos que “no vamos a aceptar”.

En ese sentido señaló, en primera instancia, que “a la gente, desde el primer momento, se le dio un subsidio no reintegrable que llegó hasta $4.000. Cuando se pagó la indemnización se le descontó y en el decreto figura que se tiene que descontar todo. Eso no lo vamos a aceptar” subrayó.

Por otra parte también se refirió a la responsabilidad que le cabrá a la provincia por el evento hídrico. Según opinó, es muy posible que el Gobierno provincial solicite la actuación de un comité de expertos para conocer cómo se reparte la concausa, que sería hasta qué punto actuó la naturaleza y a partir de dónde se debe hacer cargo el Estado. Ante eso, anticipó que no planteará objeción alguna.

Finalmente acotó que una vez concluida esa etapa comenzará otra en la cual “hay que establecer los daños” que sufrió cada damnificado. Al respecto acotó que hoy, después de siete años de la catástrofe, “poner un comité para que establezca casa por casa los daños…”. Lo mismo sucederá a la hora de evaluar “el daño valor vida de una muerte” y “los recuerdos que se constituyen como daños morales y también se pueden tarifar”.