CUMBRE ENTRE KIRCHNER, LULA Y EVO MORALES POR LA NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

El presidente Néstor Kirchner y su par de Brasil, Lula Da Silva, acordaron esta tarde reunirse el jueves próximo en Iguazú (del lado argentino) junto al boliviano Evo Morales –quien ayer anunció que el Estado tendrá el “control absoluto” de las reservas de gas y petróleo de ese país-. Posiblemente se sume al encuentro el venezolano Hugo Chávez.

Así lo coordinaron durante una charla telefónica que Lula realizó a Kirchner pasadas las 19 a Casa de Gobierno.

En tanto, esta tarde Lula afirmó que Brasil reconoce como “soberana” la decisión de su colega de Bolivia de nacionalizar los hidrocarburos, aunque aclaró que actuará con “firmeza” para “preservar los intereses” de la empresa estatal brasileña Petrobrás, la principal empresa extranjera en Bolivia.

Según se informó hoy en un comunicado, Lula conversó telefónicamente con Morales, quien le garantizó la provisión de gas para Brasil. El 60 por ciento del gas brasileño es importado desde Bolivia.

“La decisión del gobierno boliviano de nacionalizar las riquezas de su subsuelo y controlar su industrialización, transporte y comercialización, es reconocida por Brasil como inherente a su soberanía”, dice un párrafo del comunicado oficial del gobierno de Brasil.

Hoy, Lula se reunió con parte de su gabinete y el presidente de la estatal Petrobras para discutir los alcances de la nacionalización de hidrocarburos.

La reunión incluyó a su ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Samuel Pinheiro Guimaraes, la ministra de la Casa Civil de Brasil, Dilma Rousseff y el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, quien regresó de urgencia desde Houston (EE.UU.)

Con la medida tomada por Morales, las empresas extranjeras que operan en Bolivia deberán entregar toda su producción a la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) para su comercialización e industrialización, y tendrán que regularizar sus actuales contratos en un plazo de 180 días. De lo contrario, “no podrán seguir operando en el país”, advirtió el presidente.