CURSO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAL DE BOLICHES

El gobierno provincial puso en marcha anoche en el salón cultural de la Plaza Cívica el curso de capacitación de seguridad para empleados de confiterías bailables, los comúnmente llamados patovicas. Se trata de un programa de capacitación que incluye elementos básicos de derecho penal y procesal, normas municipales, primeros auxilios y fundamentos de derechos humanos, haciendo foco en la no discriminación y en el ejercicio razonable del llamado derecho de admisión.

Participaron del acto de lanzamiento el director de Seguridad Comunitaria de la provincia, Fernando Rosúa; el subsecretario de Derechos Humanos, Alfredo Vivono; y la directora de la zona sur de la Secretaría de Derechos Humanos, Fernanda Llobet, quien impartió el primer módulo del curso sobre el tema “discriminación y derechos humanos”.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar frente a un auditorio colmado, Rosúa destacó la importancia de la capacitación para lograr seguridad en los lugares de diversión nocturnos. “Consideramos que ustedes cumplen un rol muy importante en la seguridad. La noche es fundamental para la vida de una ciudad. La diversión es buena e importante, pero debemos dar seguridad para que todos se diviertan sin inconvenientes. Ustedes tienen que ayudarnos a dar seguridad no sólo al establecimiento, sino también a la gente que concurre”, señaló el director de Seguridad Comunitaria de la provincia.

Por su parte, Vivono agradeció a Rosúa la invitación cursada a la Secretaría de Derechos Humanos para que participe de este curso impartiendo el módulo correspondiente a discriminación y derechos humanos, y destacó la importancia de la capacitación en esta materia. “La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia comparte la iniciativa de la Dirección Provincial de Seguridad Comunitaria de realizar este curso de capacitación. Y también comparte la decisión de incluir en uno de sus módulos la temática de derechos humanos”, sostuvo el funcionario, para agregar que “los particulares tienen más derechos que el Estado, amparados en la libertad de contratación. Pero esta libertad de contratación, que se ejerce muchas veces a través del derecho de admisión, debe ser razonable y no arbitraria”.