DAN MÁS TIEMPO A SUEZ PARA QUE NEGOCIE CON IVANISSEVICH

El gobierno provincial, los accionistas de Aguas Provinciales y Fides Group (entidad controlante de Emgasud) acordaron ayer posponer la ejecución de las garantías del contrato de concesión hasta el 30 de julio, para dar tiempo a que Suez negocie la transferencia de acciones con la empresa que preside Alejandro Ivanissevich.

El “convenio de espera”, acordado vía fax por el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, con los accionistas de la concesionaria del servicio de agua potable en París y Barcelona, habilita al Ejecutivo a prorrogar “por decisión unilateral” el período de postergación hasta el 15 de agosto.

Como contrapartida al congelamiento de la ejecución de los 68 millones de pesos, Suez y Emgasud se comprometen a negociar la transferencia de acciones cumpliendo las pautas establecidas en el contrato de concesión entre el gobierno provincial y Aguas. Entre otras cosas, esto significa la renuncia a la demanda ante el Ciadi, la permanencia de Suez hasta diciembre (fecha en la que recién se puede realizar el cambio de operador) y el compromiso del grupo Suez de brindar asistencia técnica hasta fines 2006.

Los términos del acuerdo se negociaron a contrarreloj ayer, fecha en la que vencía el plazo para que los bancos Galicia y Río pasaran los 68 millones de pesos de garantía del contrato y el servicio de la concesión a una cuenta dispuesta por el gobierno provincial.

La fórmula alcanzada generó satisfacción entre los funcionarios del Ejecutivo porque además de alejar el fantasma de la quiebra de la concesionaria, permitió volcar en un principio de acuerdo la referencia a la renuncia de los reclamos ante el tribunal del Banco Mundial. Según esa versión, este habría sido uno de los puntos que demoraron la firma por parte de Suez.

El convenio, que será “formalizado” la semana próxima, está sujeto a que se concrete la transferencia de acciones y se renueven las garantías “a satisfacción del Estado provincial”. Esto correría a cargo de Emgasud. En el Ejecutivo confiaban anoche en que, de no mediar inconvenientes, el traspaso del 52% de las acciones de Suez a Emgasud podría concretarse en unos 15 días, cuando pasaría a ser analizada por el gobierno para su aprobación o no. De no llegar a buen puerto, el convenio se caerá y se ejecutarían las garantías que comenzaron a vencer hace casi un mes.

El operativo salvataje fue firmado por todos los accionistas de Aguas, incluso los minoritarios, como Aguas de Barcelona, Galicia, Interaguas y el PPP. De esta forma, quedaría allanado el camino para que la empresa de Ivanissevich quede al frente del servicio de agua y cloacas en la provincia.

La empresa, de todos modos, deberá vencer algunos obstáculos como el porcentaje de acciones que debe mantener el operador, ya que a diferencia del anterior traspaso, que se realizó entre empresas que formaban parte de la concesión, ahora se trata del ingreso de un nuevo accionista. Por otro lado, debe acreditar antecedentes en la prestación del servicio.

De allí que algunas de las especulaciones se orientaron a la incorporación de otro socio al negocio, como Latinaguas o 5 de septiembre, la convivencia con la compañía francesa (de hecho hasta ahora Emgasud comunicó que negocia por el 52% de Suez y no por el de sus vinculadas), o la aparición de un grupo europeo ligado a Fides. Superados estos obstáculos, queda por ver el esquema de financiamiento que se diseñe para realizar las inversiones fijadas en el contrato de concesión, que presumiblemente terminen en el famoso fideicomiso con aportes nacionales, provinciales y privados.

En la respuesta enviada por el Ejecutivo al pedido de informes presentado por la oposición en la Legislatura, se defienden enfáticamente los pasos dados por el gobierno en los aspectos más controvertidos de la negociación con Aguas, desde la declaración de continuidad del contrato a pesar de la orden de ejecutar las garantías, hasta la transferencia de acciones y el cambio de operador. Según el gobierno, las restricciones al cambio del accionista operador, pueden salvase porque son normativas contractuales que el Ejecutivo está facultado para modificarlas.

En tanto, el gobernador Jorge Obeid dijo en Laguna Paiva: “Si se llega a un acuerdo entre los privados, tendremos que sentarnos a discutir las condiciones en que los nuevos accionistas tendrán que hacerse cargo de la empresa”.