DE LA RÚA IRÍA A JUICIO ORAL POR LA CAUSA “ÑOQUIS” EN EL EX CONSEJO
“El sistema por el que se desguazó al erario mediante múltiples maniobras delictivas por parte de funcionarios públicos se llevó a cabo por referentes políticos que aparentaban electoralmente responder a diversas líneas, pero que para apropiarse de los fondos de los contribuyentes tenían una única identidad ideológica”, sostuvo la fiscal Mónica Cuñarro, al pedir la elevación a juicio oral de la causa.
Después de recorrer un intrincadísimo camino judicial, el juez de instrucción Alberto Baños le dio vista a la fiscal Mónica Cuñarro para que formulara la acusación con la que De la Rúa y otros 38 ex funcionarios y legisladores comunales llegarán al juicio oral, según informó la agencia DyN.
Cuñarro elevó en las últimas horas la “requisitoria fiscal”, el penúltimo paso antes del juicio oral, que se celebrará tentativamente a principios de 2007 por los delitos de “malversación de caudales públicos” en un total de 600 hechos, que involucran unos cinco millones de dólares.
Para la fiscal, ese sistema presuntamente utilizados por ex concejales y funcionarios “les permitió la utilización indiscriminada de la estructura estatal hasta el cierre del Concejo Deliberante con motivo de esta investigación”.
Según el dictamen de la fiscal, “se probó que Fernando De la Rúa eligió a Humberto Bonanata como presidente del bloque (de la UCR) y le pidió que nombrara a diversas personas que cumplirían tareas de mantenimiento en su quinta de fin de semana en Villa Rosa, o trabajarían como asistentes personales en su domicilio de Barrio Norte”.
Esos empleados realizaban, según el dictamen, “servicios personales o tareas político personales, todo con conocimiento de que era financiado por dinero de los contribuyentes”.
Entre los imputados figuran, además de De la Rúa y Bonanata, Damián Sánchez Ruibal, ex colaborador del ex presidente; Eduardo Trilla, hijo de un ex senador radical; los ex concelajes Roberto Clienti (UCR) y Eduardo Rollano (PJ); el ex presidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico y su secretaria, Claudia Cabezón.
Este contenido no está abierto a comentarios

