DE VIDO Y LAVAGNA ANALIZARON LA RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS
Así lo confirmaron a la agencia DyN fuentes oficiales que, no obstante, no dieron mayores detalles sobre la reunión.
Sin embargo, trascendió que los ministros, acompañados por los secretarios de la áreas referidas, pasaron revista a la tarea de la Comisión o Comité renegociador de los contenidos de los aproximadamente 60 contratos vigentes.
La renegociación en vista comprende tanto a las inversiones para el mantenimiento y/o expansión de los servicios privatizados -por caso los de agua potable y cloacas, correo, ferrocarriles, electricidad y gas, y telefónico- como respecto a la política tarifaria a aplicar en el nuevo contexto económico y social post Convertibilidad.
En este orden, el Gobierno impulsa la puesta en vigencia de una suerte de “tarifa social” que contemple la situación de los sectores sociales más perjudicados por la crisis, criterio que varias empresas licenciatarias dijeron compartir.
Para el análisis sobre el grado de cumplimiento de los contratos vigentes, y para la definición de las futuras pautas a negociar con las empresas concesionarias, el Gobierno espera contar en los próximos días con informes específicos elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN), y también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Las empresas presentaron hace meses sus respectivos informes en materia de inversiones en obras de mejora y expansión de sus prestaciones, tarifas aplicadas, y situación económico-financiera post devaluación del peso.
La renegociación de estos contratos y la redefinición de las políticas tarifarias figura entre las cuestiones claves a resolver por parte de la Administración Kirchner, también en el contexto de las negociaciones que mantiene por estos días con el Fondo Monetario Internacional, en procura de un acuerdo de mediano plazo.
En este marco, el Senado aprobó esta madrugada el proyecto que faculta al Gobierno a renegociar los contratos con las concesionarias de los servicios privatizados, y a disponer posibles ajustes en las tarifas respectivas.
La norma, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, fue apoyada por la mayoría del justicialirmo y rechazada por el radicalismo, que impulsaba cambios fundamentales en la norma.
La iniciativa extiende el plazo de renegociación hasta el 31 de diciembre de 2004 y faculta al Gobierno a adoptar decisiones por fuera de los marcos regulatorios, lo cual implica la posibilidad de acordar aumentos de tarifas sin alterar el resto de las condiciones contractuales.
El Congreso Nacional, según el proyecto, sólo podrá aprobar o rechazar, no modificar, el acuerdo alcanzado con cada empresa. Si en 60 días las cámaras legislativas no se expidieron, la renegociación se dará por aceptada.
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