DEBERÁN PAGAR POR UN CICLISTA QUE MURIÓ ATROPELLADO

La familia de un ciclista que el 3 de mayo de 1999 murió atropellado por un automovilista en Avellaneda y Saavedra recibirá una suma cercana a los 210 mil pesos en concepto de daños y perjuicios. La resolución judicial sobrevino luego de un largo proceso iniciado a partir de la demanda que interpuso la viuda de la víctima, no sólo contra el conductor –un joven que entonces tenía 23 años y fue condenado por homicidio culposo– sino contra su padre, quien había comprado el automóvil, y el propietario anterior, que no había realizado la transferencia ni declarado la venta del automotor. Como el automóvil no estaba asegurado, los tres deberán responder con sus bienes particulares y también hacerse cargo de los honorarios profesionales de una y otra parte, lo que significa un plus de 50 mil pesos.

Entre los demandados que deberán afrontar con la indemnización se encuentra Ciro Alejandro C., el conductor del Peugeot 504 que aquella mañana de 1999 manejaba sin carnet y huyó luego de atropellar al ciclista Ramón Roberto Ramírez, de 24 años. Como resultado de la colisión ocurrida en la esquina de Avellaneda y Saavedra, la víctima sufrió politraumatismos y muerte cerebral; luego falleció en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca). Más tarde, el conductor se entregó ante la comisaría 18ª y adujo no haber auxiliado a la víctima a raíz de los “problemas familiares” que lo urgieron y porque escapó asustado por el acontecimiento.

Pero Ciro Alejandro C. no estará solo a la hora de pagar la suma de 210 mil pesos a Lorena H., la viuda de Ramírez –quien trabaja como portera en una escuela–, y al pequeño hijo de ambos. Ciro Antonio C., padre del muchacho que atropelló a Ramírez, también deberá responder con sus bienes ya que había comprado el Peugeot 504 que conducía su hijo y lo acompañaba al momento del choque.

Por su parte, el ex propietario del vehículo, Roberto José R., se convirtió indirectamente en demandado. “No sólo cometió el error de no haber realizado la transferencia del automóvil sino que ni siquiera denunció la operación comercial, trámite que le hubiera permitido deslindar responsabilidades”, explicó Santiago Rosso, el abogado que representó a la viuda de Ramírez en la demanda civil.

UN JUICIO QUE DURÓ SEIS AÑOS

Según explicó el abogado, “en agosto de 2003 el muchacho fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso, además sufrió inhabilitación para conducir por el término de seis años y debió realizar trabajos no remunerados durante 24 meses”. Justamente, la demanda por daños y perjuicios que inició la viuda se demoró porque hubo que esperar la resolución penal, emitida en agosto de 2003, y que inicialmente se tramitó a través del juez correccional Horacio Benvenutto.

Por otra parte, se debió realizar un juicio de filiación para demostrar que el hijito de la demandante –quien tenía dos años cuando el ciclista murió y había sido anotado con el apellido de la madre– era de ambos. En ese caso fue el abuelo paterno quien acreditó el vínculo ya que la pareja vivía en su casa, aunque no estaban casados.

En agosto de 1999 se procedió a la inhibición de los bienes particulares de los demandados. Hasta el momento se sabe que hay dos viviendas en juego que podrían ser rematadas, ya que tanto el conductor, su padre, como Roberto José R. son personas trabajadoras y que no cuentan con una situación económica holgada como para asumir los 210 mil pesos de la indemnización más las costas del juicio, una cifra que trepa a los 50 mil pesos.