DEBIERON TRASLADAR A 50 PRESOS DE ALCAIDIA

El gobierno provincial dispuso esta mañana el traslado de 50 personas detenidas en la alcaidía de la Jefatura, a dependencias de las cárceles de Coronda y Las Flores. La medida fue tomada en cumplimiento de una orden del juez Julio César Costa, quien dio curso a un hábeas corpus presentado por los internos, luego de constatar la superpoblación de las instalaciones y las condiciones “infrahumanas” en que se encontraban.
El juez Costa hizo lugar al recurso de hábeas corpus presentado por el fiscal N° 7, Héctor Millen, en favor de la totalidad de la población alojada en dependencias de la alcaidía de la URI, ordenándose el cese inmediato de las condiciones que agravan su estado de detención. La presentación constó la existencia de 180 personas alojadas, sobrepasando la capacidad de 137.

También describe que -particularmente en el sector inferior- las cuchetas no son suficientes y muchos dormían con mantas en el piso; que los baños son demasiado chicos y la cantidad de personas que los usan impiden el debido aseo, a lo que se suma el hecho de que no tienen puertas, no hay ventilación y el agua escasea, todo lo cual “hace totalmente insoportable la permanencia en el lugar” y permite calificar la situación descripta como “de características infrahumanas”. Además, puntualiza la presencia de un alto número de afectados por enfermedades infecto-contagiosas.

PROBLEMA RECURRENTE

En diálogo con El Litoral, el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, confirmó que ya se había dispuesto el traslado de los presos a dependencias de las unidades penitenciarias de Coronda y Las Flores. Pero admitió el carácter recurrente del problema, ya que el aumento permanente del número de detenidos lleva a que, pocos días después de reducir el número de alojados en la alcaidía, vuelva a producirse una situación de superpoblación.

En tal sentido, insistió con las obras en curso y confió en que éstas traerán un alivio paulatino a la crisis carcelaria, al punto de resolverla a finales del año próximo. Pero mientras tanto, la situación sigue siendo sumamente precaria.

“El jueves se abren los sobres para una alcaidía nueva en la Jefatura de Rosario; la semana próxima vamos a inaugurar una subunidad con 110 plazas en Coronda y un pabellón nuevo de 40 en Rosario. Calculamos que este año vamos a llegar a un total de 850 nuevas plazas habilitadas y para el año que viene están dispuestas unas 920 más. Es decir, con 1.800 plazas en dos años es muy probable que el déficit, que es un problema de larga data, se logre estabilizar”, consideró.

En ese marco, recordó la reciente inauguración de una colonia para internos de buena conducta para 40 personas en Recreo; una ampliación para 20 más en Asuntos Juveniles; otras 20 en el Irar de Rosario y distintas obras en curso: 160/170 plazas en el pabellón 7 de Las Flores para el año próximo y la conclusión de la cárcel de Piñero, que podría extenderse hasta principios de 2005.

“Estamos previendo en el marco del presupuesto que viene otros 25 millones para una nueva cárcel, que todavía no se sabe dónde iría a construirse, porque encontramos bastante resistencia en las dos o tres poblaciones que sondeamos. Y estamos apurando la cárcel federal de Coronda”, completó.

CON BÉLIZ

Entre el jueves y el viernes, Carranza participará de una reunión de todos los ministros de Gobierno provinciales con el titular de la cartera de Justicia nacional, Gustavo Béliz.

El propósito es acordar un plan general de seguridad pública, pero el funcionario santafesino aprovechará para plantear una serie de temas puntuales que tienen que ver con la situación de la provincia.

Así, además de apurar la concreción de la cárcel federal en Coronda, pedirá más efectivos de la Policía Federal para Rosario y Santa Fe.

En tanto, mañana será habilitado un destacamento de gendarmería en Colastiné -a la entrada del túnel subfluvial- y a principios del año que viene se instalará otro en Laguna Paiva. Pero Carranza considera -y así se lo planteará a Béliz- que serán necesarios refuerzos para todo el territorio de la provincia, a los efectos de combatir más eficazmente el tráfico de drogas y el contrabando.