DECLARAN HOY LA INVALIDEZ DE LOS INDULTOS

A cinco días del 28° aniversario del último golpe de Estado, la justicia federal avanzará otro paso sobre las normas jurídicas que determinaron la libertad de los militares que participaron de la represión ilegal: el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declarará hoy la inconstitucionalidad de dos de los diez decretos de indulto firmados por Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a más de 300 personas, entre uniformados y jefes guerrilleros.

Como el fallo en el que estampará su firma el magistrado se circunscribe a la causa en la que se investigan los crímenes cometidos bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército, sólo alcanzará a los dos decretos (1002/89 y 2746/90) que beneficiaron a los seis militares imputados en el expediente.

Ellos son el ex jefe de esa unidad de batalla Guillermo Suárez Mason y los generales (R) Jorge Olivera Rovere, José Montes, Juan Bautista Sasiaiñ, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero, detallaron dos fuentes que tuvieron acceso a un borrador del documento.

En rigor, en las próximas horas sólo se ordenaría el pedido de captura de Olivera Rovere. Suárez Mason y Sasiaiñ están procesados y detenidos en una causa que investiga el robo de hijos de desaparecidos, mientras que Montes, Ferrero y Sigwald fallecieron durante los últimos años.

Primer embate

Se tratará, no obstante, del primer fallo judicial contra la decisión de Menem, y, se especulaba en los tribunales de Retiro, podría convertirse en el impulso inicial de decisiones similares en otras causas.

Será también el responsable del inicio de largas discusiones, dado que cuenta con la oposición de prestigiosos juristas.

Los indultos se habían concretado en dos etapas. En octubre de 1989, fueron liberados 277 civiles y militares, en una medida que benefició a jefes de las Fuerzas Armadas que actuaron en la represión ilegal, en la Guerra de las Malvinas y en las sublevaciones militares de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, así como a líderes guerrilleros.

En diciembre de 1990, el entonces presidente indultó a Suárez Mason, a los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Eduardo Massera, Armando Lambruschini, Orlando Agosti; a los jefes de policía Ramón Camps y Ovidio Ricchieri; al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex líder de Montoneros Mario Firmenich.

La resolución del juez hará lugar a un pedido de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que habían presentado un dictamen en ese sentido el 3 del actual. En el escrito se sostiene que “los argumentos ofrecidos contra [la validez de] las leyes de punto final y de obediencia debida son extensibles” a la inconstitucionalidad de los indultos.

Freiler y Delgado argumentaron que con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 1984, el Estado argentino se obligó a “prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención”.

Canicoba Corral se valdría de los mismos argumentos para fundamentar su fallo. “[El juez] haría lugar al pedido porque los pactos internacionales [firmados por la Argentina] impiden la impunidad de esos delitos. Ocurre lo mismo que con las leyes de perdón”, precisó uno de los informantes.

Esas normas, sancionadas en 1986 y 1987, habían beneficiado a los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa, pero no a los jefes militares.

Decisión legislativa

En agosto del año pasado, las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas “insanablemente nulas” por el Congreso, en una sesión en la que, previamente, se otorgó rango constitucional a un convenio de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Esa decisión legislativa motivó un fallo de la Cámara Federal que reabrió las megacausas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y del I Cuerpo de Ejército.

En 1998, habían sido derogadas por el Parlamento, y en 2001, declaradas inconstitucionales por el entonces juez y actual camarista federal Gabriel Cavallo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el juez federal Claudio Bonadío y por la Sala II de la Cámara Federal porteña.

Mientras que la Corte Suprema espera por una quinta firma favorable para decretar la inconstitucionalidad de las leyes de perdón, en el Congreso cobró nueva fuerza la idea de avanzar contra los indultos.

Si bien está casi descartada la idea de disponer su anulación mediante una ley, una iniciativa del bloque de diputados del justicialismo intenta reclamar a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de las normas que había dictado Menem (de lo que se informa por separado).

En sintonía con la voluntad política y la judicial, los indultos parecen tener los días contados.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Un fallo controvertido

Eduardo Freiler

“Los argumentos ofrecidos contra las leyes de perdón son extensibles a la inconstitucionalidad de los indultos. Con los tratados internacionales en vigencia no hay discusión posible”

Suarez Mason

El fallo de Canicoba Corral afecta a seis imputados en la causa del I Cuerpo de Ejército: Suárez Mason, Olivera Rovere (el único en libertad), Sasiaiñ, Montes, Sigwald y Ferrero.

Canicoba Corral

El juez federal se convertirá hoy en el primer magistrado que se pronuncia contra la constitucionalidad de los indultos. Su fallo alcanzará a dos de los diez decretos firmados por Menem, en 1989 y 1990. Citará los pactos internacionales de DD.HH.