DECLARAN JEFES PENITENCIARIOS Y GUARDIACÁRCELES DE LA DICTADURA

Los detenidos ex jefe y subjefe de la prisión Unidad 9, Abel Dupuy e Isabelino Vega, más otros doce ex guardiacárceles, fueron trasladados a los tribunales para declarar por decenas de casos de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura militar, informaron fuentes judiciales.

Las detenciones habían sido ordenadas por el juez federal de La Plata Manuel Blanco en respuesta al pedido del fiscal Sergio Franco en la causa que investiga los homicidios de tres detenidos en la Unidad 9 y múltiples violaciones a los derechos humanos.

La lista de 14 detenidos, de un total de 19 con orden de captura, se completa con el ex jefe de seguridad de la cárcel Víctor Ríos, y los ex agentes Carlos Alarcón, Segundo Basualdo, Roberto José Álvarez, Valentín Romero, Jorge Peratta, Elbio Cosso, Germán Vázquez, Héctor Acuña, y los ex médicos del penal Enrique Corsi y Carlos Jurio.

La investigación se inició en 2001 a partir de los testimonios que ex detenidos ilegales que permanecieron cautivos en esa prisión ubicada, en la calle 76 y 10 de esta capital, realizaron durante las audiencias en el Juicio por la Verdad y en informes elaborados por distintos organismos defensores de los Derechos Humanos.

El expediente ya tiene doce cuerpos y en ellos se investiga los delitos de lesa humanidad cometidos dentro de la prisión, donde funcionó el denominado “Pabellón de la Muerte” para alojar a presos políticos y guerrilleros, que eran candidatos a ser asesinados como represalia por eventuales atentados.

En la causa consta un informe realizado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, por decisión de su titular Edgardo Binstock, que reconstruye la nómina de personal que prestó servicio en la U9 durante la dictadura, identifica a los responsables jerárquicos y avanza en la individualización de quienes se conocía por su apodo o apellido.

Ya en noviembre del año pasado la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense había presentado otro informe donde también probó la responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense en el centro clandestino de detención de “La Cacha”.