DEFENSORES DEL PUEBLO DE TODO EL PAÍS PIDIERON UNA AUDIENCIA CON KIRCHNER.

Ante las carencias del municipio y las limitaciones del Estado provincial, urge que la Nación recurre en inmediato auxilio financiero de los miles de damnificados a fin de evitar la configuración de un cuadro de violación de derechos humanos a escala superlativa por las necesidades que han sobrevenido al catastrófico desborde del río Salado que anegó 28 mil viviendas y perjudicó a más 130 mil habitantes de la ciudad de Santa Fe” afirmaron defensores del Pueblo de todo el país reunidos el jueves y viernes últimos en la ciudad de Santiago del Estero.

Se trató de la sesión ordinaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) cuyas deliberaciones giraron sobre dos ejes significativos: la situación santafesina y la grave contaminación del embalse del dique de Río Hondo que perjudica a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Sobre este último tópico, promovido por el defensor anfitrión, David Beltrán, y luego de una comprobación in situ de los efectos prejudiciales al medio ambiente y a los cursos de agua, la Adpra decidió la convocatoria en breve a una audiencia pública que presidirán los defensores de las cuatro provincias involucradas en tal contexto.

A través del defensor del Pueblo de Santa Fe, zona norte, Carlos Feruglio, quien es vicepresidente de la asociación, la entidad ha gestionado una entrevista con el gobernador Carlos Reutemann con quien tiene previsto reunirse en los próximos días, en tanto el viernes se resolvió, además, tramitar una audiencia ante el presidente de la Nación Néstor Kirchner a fin de imponerlo la preocupación de Adpra por la creciente gravedad que se advierte a causa del deterioro producido por la inundación.

Feruglio y su colega santafesino de la zona sur, Ricardo Ciccarelli, expusieron ante sus pares un informe actualizado de los padecimientos y dificultades que se viven la ciudad y que, conforme las estimaciones del gobierno provincial, demandará para numerosos grupos familiares un período de entre seis meses y un año antes de poder regresar a sus hogares. “Ahora cuando los flashes de la televisión comienzan a apagarse es el momento crucial donde la gravedad, despojada de espectacularidad y urgencia, adquiere su rostro más perjudicial: el de la permanencia. Los que han podido regresar a sus hogares se han encontrado con sus vidas y pertenencias destruidas y sin recursos para comenzar de nuevo. Los esfuerzos oficiales y privados que han sido enormes, deben reforzarse para evitar que la desesperación afecte aún más a una población vulnerada por el trauma y en precarias condiciones anímicas. Ahora es el momento de demostrarle a tantos miles de mujeres, hombres, ancianos y niños que no están solos”, pidieron los defensores del Pueblo santafesinos. Agradecieron no obstante las acciones solidarias demostradas desde otras defensorías y por entidades y particulares de todo el país.

Por ello se decidió que la Adpra expondrá su preocupación ante el presidente de la Nación y se le requerirá que el gobierno nacional contemple el envío de fondos de asistencia a los damnificados de modo inmediato.