Defensoría propone un comité interjurisdiccional para La Picasa

Mañana se llevará a cabo una audiencia en la Corte Suprema sobre la emergencia hídrica que afecta a las zonas aledañas a la Laguna La Picasa, en tierras de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba . “Como no podemos hablar porque no somos parte, le hemos presentado un escrito el día viernes a la Corte Suprema de la Nación”, informó el Dr. Raúl Lamberto, quien aseguró que “debe crearse este comité autónomo, tienen que generarse los objetivos, los monitoreos y debe haber un seguimiento de los propuesto en diálogo con los vecinos de parte de la Defensorías”.

“Efectivamente, hemos llevado un escrito el día viernes a la Corte para ser conocido por las partes”, indicó el Defensor a LT9. “En esta audiencia informativa partimos de una base de que – estamos ante un conflicto interjurisdicional, y, en función de eso, nosotros planteamos, primero, la necesidad de crear un ente operativo autónomo en la provincia y los municipios, dentro del Comité de Cuenca Interjurisdicional”, detalló el funcionario.

Además, Lamberto recordó que La Picasa, geográficamente, en la provincia de Santa Fe, “recibe aguas de varias provincias, Córdoba, por supuesto también de canales de la provincia de Buenos Aires, sus derivaciones en declive hacia la provincia de Buenos Aires, pero esto es la naturaleza y necesita ser observado como un conflicto interjurisdiccional”. “Por eso nos parece que esto no es una cuestión de demandas, sino de buscar soluciones”, opinó.

En el mismo sentido, el Ombudsman aseguró que “la mirada que tiene Buenos Aires del Río Salado es que, prácticamente, nace en la provincia de Buenos Aires, pero Santa Fe tiene estudios que datan casi de cien años, de cartografías que indican que hay una serie de lagunas que se llaman las encadenadas, que , cuando hay crecimiento, esas encadenadas tributan sus aguas al Río Salado, que están en el sur de la provincia de Santa Fe y llegan, quizás, hasta Venado Tuerto, o sea que, claramente, estamos ante un conflicto de interjurisdiccional”. Y añadió que, para eso, “la Defensoría está capacitada, porque es un ente autónomo y puede jugar un gran papel”. “Esta sería la segunda propuesta donde se le pide a la Corte que autorice a las Defensorías del Pueblo a firmar convenios para efectuar estas consultas y que tengan validez y estén autorizados”, finalizó.