Definen la situación de Lagomarsino por haberle prestado la Bersa a Nisman

Diego Lagomarsino, el bien pagado empleado de confianza de Alberto Nisman que le dio el arma que acabó con la vida del fiscal, pende de un hilo y de su futuro procesal depende que el caso dé un giro en las próximas horas. La fiscal Viviana Fein ya lo imputó el jueves y le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini que lo indague por el delito que significa suministrar un arma a quien no es legítimo usuario.

 

La jueza Palmaghini le devolvió la solicitud y le pidió que funde su pedido, porque a juzgar por lo que surge del expediente, la única prueba de que Lagomarsino le entregó a Nisman su pistola Bersa Thunder calibre 22 es su propia declaración. En el derecho penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo y un procesamiento basado en esta declaración testimonial sería suficiente como para anular parte del caso.

 

Lo más probable es que hoy la causa pase a manos de la jueza Palmaghini, que deberá resolver sobre la situación de Lagomarsino: un experto en informática con un contrato de trabajo temporario de $ 40.000 mensuales que era renovado y ajustado cada seis meses.

 

Lagomarsino es un verdadero misterio en el caso. Su versión es que Nisman lo llamaba con confianza en cualquier momento, hasta a las 3 de la madrugada. Contó que el sábado antes de morir, el fiscal lo llamó para pedirle un arma. Le dijo que la quería para su protección, para llevarla en el auto por si salía ese fin de semana con sus hijas, cuando las chicas en realidad estaban en Europa. Le dijo -según Lagomarsino- que pensaba comprarse un arma la semana siguiente. Uno de los custodios de Nisman, de hecho, declaró que el fiscal le encargó que el lunes le comprara una pistola para repeler una eventual agresión desde su auto, en caso de que su custodia fuera agredida.

 

La Justicia buscó a Lagomarsino el jueves pasado, y como no lo encontró, lanzó una orden para prohibir su salida del país. El muchacho, que vio por televisión que lo buscaban, se comunicó y se puso a disposición. Desde ese momento le pusieron custodia, a pesar de que Lagomarsino se resistía porque decía que quería irse a la costa. Ayer el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que Lagomarsino debe dar explicaciones.

 

El Gobierno impulsa la idea de que a Nisman lo mataron, y señala al desplazado agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiusso, allegado a Nisman, como quien primero alimentó su denuncia contra la Presidenta por encubrir a Irán en la causa AMIA y luego promovió el crimen del fiscal para manchar al kircherismo, que prescindió de sus servicios.

 

Medios oficialistas dijeron que Lagomarsino le dejó a Nisman un mensaje de Stiusso: que se cuide de su custodia, pero nada de eso repitió ante la Justicia el experto informático.

 

El delito que se le imputa a Lagomarsino es el previsto en el artículo 189° bis del Código Penal, que castiga con hasta seis años de prisión a quien no acredite su condición de legítimo usuario de armas. Nisman lo era, pero no de esa pistola.

 

Este delito es de los que transfirió el gobierno nacional a la órbita porteña, por lo que, segun dijeron a La Nación dos fuentes allegadas a Palmaghini, la jueza tiene previsto, apenas reciba hoy la causa, extraer esta parte del expediente y enviarlo a la Justicia de la Ciudad para que resuelva ese aspecto del caso. No obstante, el detalle casi administrativo será suficiente para que la causa deje de ser NN, es decir, sin autor conocido, para tener un imputado, al menos de un delito menor. Esto es importante porque el Código Procesal establece que cuando en una causa no hay autor conocido, interviene el fiscal, y cuando hay un imputado, le corresponde al juez tramitar el sumario.

 

Que Lagomarsino sea acusado formalmente por la entrega del arma es excusa suficiente para que la jueza Palmaghini busque quedarse con el caso. Ya preparó una batería de medidas de prueba que puso por escrito, listas para ser ordenadas, de modo de completar la instrucción de la fiscal Viviana Fein.

 

El pase de manos, formal, procesal administrativo en apariencia, deja traslucir una trama más política. La fiscal Fein, que quiere jubilarse en pocos meses, es seguida de cerca en la investigación por la Procuración, de quien depende. Al comienzo del caso puso en manos del organismo la comunicación de sus avances.

 

A la jueza Palmaghini el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le dio su apoyo y mandó comunicar que la información sobre la pesquisa se iba a difundir desde su Centro de Información Judicial (CIJ), pero ningún dato fue publicado allí.

 

En el Gobierno desconfían de Palmaghini, una ex de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y ahora enrolada en otra agrupación gremial de jueces más crítica con el kirchnerismo. Al mismo tiempo en la Casa Rosada confían en poder influir sobre Fein, pero poco quedará por hacer si es que se desprende del caso.

 

Un testigo clave

 

El dueño del arma

 

Diego Lagomarsino, técnico informático, trabaja desde 2007 en la fiscalía de Alberto Nisman. Fue quien le entregó al fiscal la pistola con la que se efectuó el disparo que acabó con su vida

 

Imputado en la causa

 

La fiscal Viviana Fein imputó a Lagomarsino y le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini que lo indague por el delito que significa suministrar un arma a quien no es legítimo usuario

 

Declaración ante la fiscal

 

Lagomarsino relató que el sábado anterior a su muerte Nisman lo llamó para pedirle un arma, con el argumento de que la quería para su protección, llevándola en su auto

 

Le prohíben salir del país

 

La jueza Palmaghini ordenó que se le prohíba a a Lagomarsino salir del país, al tiempo que dispuso su custodia por parte de Gendarmería. La magistrada podría disponer su indagatoria.

 

 

 

Fuente: La Nación