DEMANDA CONTRA LA COMUNA DE RINCÓN

La Justicia laboral resolvió el mes pasado una demanda contra la comuna de San José del Rincón, por un accidente de trabajo en el que perdió la vida un empleado. El fallo lo dictó el juez Alfredo Binetti, a cargo del Juzgado Laboral de la Primera Nominación, en el que se ordena el depósito de $150.000 en Usuras Pupilares. La operación se debe a que el dinero quedará a disposición de sus hijos, porque el fallecido no estaba casado, ni conviviendo con la mujer con quien tuvo a los chicos.

A pesar de no verse directamente beneficiada con la iniciación de las acciones legales, la madre de los hijos del operario muerto, “promueve demanda contra la comuna de San José del Rincón, manifestando, que el Sr. Carlos Daniel M. era empleado de la comuna desde el 1° de julio de 1995”.

Según consta en el escrito que presenta la demandante, “en fecha 8 de julio de 2002 el Sr. presidente comunal encomendó al nombrado una tarea impropia para su función, cual era el desmalezamiento con un tractor que se encontraba en un pésimo estado de mantenimiento”. La muerte del empleado se produjo como “consecuencias de un vuelco”; sin embargo, fuentes tribunalicias dijeron que “el juez no hace ninguna consideración sobre si las labores que realizaba el muchacho eran propias o impropias”.

Desde Tribunales, también se encargaron de aclarar que “la indemnización es sólo para los hijos” y por lo tanto quedará depositada en Usuras Pupilares. De esta forma, “el Poder Judicial controla que los bienes de los menores sean bien utilizados, intentando evitar que algún adulto los perjudique”, explicaron.

Este procedimiento no impedirá que la madre retire el dinero necesario para la manutención de sus hijos puesto que es ella quien actúa en representación de los menores.

Finalmente el fallo dispone “la indemnización por fallecimiento en circunstancias de accidente de trabajo” ajustándose a las normas que rigen y estipulan el monto de la misma.

Si bien no se pudo confirmar a través de fuentes oficiales, se habla de la existencia de una segunda demanda, acusando “daño moral”, y se encontraría radicada en la justicia extracontractual. La cifra de esta acción legal rondaría los $100.000.