DEMANDA DE DESALOJO PARA UNA ESCUELA ROSARINA

Una demanda de desalojo contra la Escuela Técnica 628 Servando Bayo ingresó al Juzgado de Circuito Nº 2, a cargo del juez Eduardo Arichuluaga, por falta de pago y vencimiento de contrato de alquiler desde noviembre de 2001. La presentación está firmada por Rafael Cornero, dueño del edificio, y fue entregada por su abogado Mauricio Gorostiaga. Al centro educativo, ubicado en Salta 1325, concurren casi 500 alumnos en tres turnos y, según contó a este diario Enzo Lemos, su director, “se recibió una especie de intimación, una carta con aviso de retorno porque se venció el contrato de una parte de la escuela alquilada”. El docente explicó que “una parte de la escuela es propia, y tiene entrada por calle Salta. Otra, que está al lado, es alquilada. Son dos casas antiguas que se hacían antes en espejo, la misma distribución de un lado que del otro, enfrentadas. Por la parte alquilada, el dueño pide una intimación de desalojo porque teóricamente hasta ahora no le habían pagado y teníamos una deuda, no se de qué monto porque el Ministerio lo maneja directamente con el dueño”.

El establecimiento educativo inicialmente funcionaba frente a plaza Pringles y tiene 120 años de antigüedad, es uno de los más viejos de Rosario. Sobre la demanda, Lemos agregó que al llegarles la intimación, la elevaron a la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación, que es una instancia intermedia. “Es la gente que arregla todo el tema de los impuestos, y los alquileres”, dijo.

Por su parte, Adriana Bertolotti, delegada de la Región VI de Educación provincial, explicó que el edificio “es una propiedad en la que se había pactado el alquiler en dólares en época de la convertibilidad. Cuando vino la hecatombe, a fines de 2001, el propietario pretendía que se pague la suma pactada en dólares y no aceptó la pesificación. El alquiler es de $2.900 mensuales y el dueño del edificio es una persona con gran cantidad de propiedades”.

Según la funcionaria, “se llegó a este punto de conflicto porque no hubo posibilidad de negociar entre las partes, esto es entre el Estado y el propietario, ya que éste se mantuvo en su posición y no cedió ante el pedido de actualización de la suma pautada. Quiso directamente que el monto del alquiler pase de pesos a dólares”. Además, aclaró que el tema de la demanda está en manos de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa.

Fuentes judiciales dijeron que un juicio de estas características, en caso de iniciarse, dura seis meses como mínimo. “Todavía no tenemos ninguna orden judicial, lo que tenemos es una intimación que pasará a otra instancia si no se apura el pago. Desde mi lugar puedo asegurar que está todo en trámite”, aseguró Bertolotti.