DENUNCIA INTERNACIONAL POR LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS SANTAFESINOS

La presentación contemplará la masacre de la cárcel de Coronda, que dejó 14 muertos, pero también otros ítems como las condiciones de detención en comisarías rosarinas, el estado de los menores privados de libertad y la morosidad judicial.

Los organismos de derechos humanos convocaron además a todas las personas que quieran sumarse a esta iniciativa a comunicarse con el teléfono del abogado Guillermo Marconi: 155476012. El objetivo es que puedan aportar datos a la denuncia que será elevada a la CIDH en los próximos días.

Los convocantes tienen ya un listado tentativo de temas, que podrá modificarse o enriquecerse con el aporte de otras organizaciones o personas interesadas. El espíritu de la futura denuncia es que una entidad internacional como la CIDH pueda ejercer tareas de control para fortalecer una política de Estado contemplativa de los derechos humanos de los presos, pero también de sus familiares y de los agentes del Servicio Penitenciario (SP). Así lo explicó el abogado Guillermo Marconi, de la Pastoral, quien además patrocinó un hábeas corpus general en favor de decenas de reclusos rosarinos exigiendo traslados tras la matanza. Ese recurso fue aceptado por el juez de Ejecución de Coronda, Julio Arri, quien no sólo se declaró competente en cuanto a los condenados sino también –y aquí está la novedad– respecto de los procesados.

LA HUMANIZACIÓN QUE LLEGÓ TARDE

“Nos reunimos muchas veces con gente del gobierno, que trató de humanizar la cárcel pero no lo logró en tiempo y forma”, explicó Marconi. “Este no es un ataque al gobierno provincial sino una denuncia integral contra el hacinamiento y la corrupción”, agregó. “Hay que apoyar más que nunca y profundizar la política de humanización del sistema carcelario, es necesario darle continuidad y ordenar la fuerza para que sus integrantes trabajen con dignidad y seguridad”, consignó el profesional. En ese sentido, recordó que “la ley orgánica del SP es de la dictadura y prioriza la seguridad antes que la rehabilitación del preso. El propio Servicio debería modificar la normativa pero en todos los años de la democracia no lo hizo”.

CRUZADA INTERNACIONAL

En los últimos días circuló por internet la convocatoria a la reunión de esta tarde, firmada por Marconi y Carlos de la Torre, de APDH. Incluso llegó a organizaciones de otros países del continente, ya enteradas de los graves sucesos de los últimos días, como Colombia, Venezuela y República Dominicana. “No nos podemos cruzar de brazos ni acallar nuestra voz ya que ello nos transformaría en cómplices por omisión de estas muertes y de las futuras que se podrían producir si no se modifican las causas profundas que motivan estas tragedias”, dice el documento. “Entendemos como imprescindible una urgente reunión de las ONG que venimos trabajando intensamente por los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas”, añade.

El temario tentativo reúne entre otros puntos “la masacre de Coronda y sus consecuencias (intervención del penal incluida), el hacinamiento o sobrepoblación en las cárceles y comisarías de la provincia que produce violencia por una convivencia totalmente inadecuada que impide la rehabilitación, la violencia institucional traducida en la arbitraria calificación de conducta, y el ingreso y comercialización al interior del penal de droga”. Además, “la terrible situación de los procesados ante la morosidad judicial por falta de designación de jueces de ejecución, de instrucción y de sentencia, el colapso reconocido por el mismo Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Rosario”. Por último, “la carencia de servicio adecuado de salud, especialmente en el área de atención psicológica y trabajo social, la alimentación –especialmente en las comisarías–, la permanente humillación de los familiares en las visitas y la situación de los niños y adolescentes privados de libertad”.
“Queremos trabajar seriamente este tema”, expuso Marconi. “Las denuncias no son generalidades sino que se hacen con nombre y apellido. Por eso hay que vencer muchos miedos”, advirtió.

POR LOS RECLUSOS Y EN MEMORIA DEL JUEZ CARLOS TRIGLIA

El abogado Guillermo Marconi explicó que prestarán particular atención a los detenidos en seccionales locales, que en total equivalen a la población de la Unidad I de Coronda (1400 personas) y que viven en condiciones infrahumanas, hacinados, situación que genera por lo menos dos conflictos semanales. En ese sentido, impulsarán el hábeas corpus colectivo presentado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) en octubre del año pasado en el juzgado de instrucción del magistrado Carlos Triglia, recientemente fallecido.

“Lo haremos por los presos y por el recuerdo del juez (en referencia a Carlos Alberto Triglia), que tuvo el valor de abordar esta problemática”, finalizó Marconi.