DENUNCIA PENAL POR PRESUNTA MANIOBRA DOLOSA EN UN BANCO

El doctor Guillermo Lehmann presentó una denuncia penal contra el presidente y demás miembros del directorio del Banco de Galicia y Buenos Aires SA por partícipes de falsificación ideológica y material de instrumento público, estafas reiteradas y enriquecimiento ilícito.

El motivo de dicha presentación es la confirmación a través de una pericia caligráfica realizada a instancias del juzgado Penal de Instrucción de la 4ª Nominación donde se concluyó que la firma atribuida a su esposa María Luisa Mántaras Berraz de Lehmann es apócrifa y que tampoco es de su autoría.

El banco había solicitado la verificación de un crédito con garantía hipotecaria en el concurso de la señora de Lehmann, tramitado en los Tribunales de Santa Fe. El mismo fue admitido por la jueza interviniente. Contra dicha resolución se promovió el correspondiente incidente de revisión fundamentándose la oposición en hechos y documentos que habían originado una investigación por parte del Banco Central.

Con la intervención de sus asesores letrados, el Galicia prestó acuerdo en un crédito originado por intereses de dicho préstamo, a cambio del retiro de la mencionada denuncia ante el Banco Central y del desistimiento de una apelación.

A ÚLTIMA HORA

El acuerdo –indispensable para homologar el concurso preventivo– fue firmado el último día de plazo, y a última hora. Sin embargo, Lehmann sostiene que su señora no firmó nunca la renuncia al incidente por lo que se convino entonces, de palabra, que el conflicto iba a solucionarse a través de una muy importante quita de capital y facilidades que permitieran el pago del mismo.

Pero aun así y sin intimación previa, el banco procedió a solicitar la ejecución hipotecaria. Al revisar la documentación, “nos sorprendió encontrar en el expediente del incidente en revisión una renuncia al mismo, que incluía la firma del representante legal del Banco junto a una firma falsa atribuida a mi señora”, señaló Lehmann.

En virtud de esa situación, la Justicia decretó el desistimiento del único aval que subsistía para garantizar el cumplimiento del acuerdo verbal. Ese documento dio origen a una serie de conflictos tanto civiles como penales que bien pudieron haberse evitado simplemente manteniendo el compromiso asumido por las partes en su momento.