DENUNCIAN A DOS JUECES SANTAFESINOS

La denuncia fue realizada por el esposo de María Luisa Mántaras de Lehmann, Guillermo Lehmann, quien denunció a Rubén Saurín y Alicia Lapalma por los delitos de prevaricato, denegación y retardo de justicia, omisión de persecución, represión de delincuentes y estafa procesal.

En diálogo con el programa “De Radio Somos”, de LT10, Lehmann se refirió a este hecho.

“Creemos que en Santa Fe hay algunos jueces que favorecen la actividad ilícita que forman organizaciones crediticias, bancos, abogados y martilleros públicos”, disparó.

Afirmó que en mayo de 1994, su mujer pidió un préstamo, con garantía hipotecaria, de $110.000 dólares en el Banco Galicia. Según Lehmann, el escribano interviniente “dio fe de un hecho falso, que nunca ocurrió: la entrega del monto total de la hipoteca sin ningún tipo de descuento, en el acto y en efectivo”.

De la cantidad total del préstamo, asegura que en la cuenta de su esposa sólo fueron depositados U$ 22.789,80.

“La plata fue transferida para pagar un crédito que había sacado la hermana de mi mujer. Es algo para lo que el banco no está autorizado”, expresó.

Comprueba esto un recibo firmado por el gerente Anzotegui por 50.000 u$s, que nada tenía que ver con la Sra. de Lehmann ni con el crédito hipotecario y que en ningún momento ésta autorizó a realizar.

Además, indicó que hubo una serie de descuentos destinados a honorarios e impuestos en los cual el banco “no tenía nada que ver ni autorización para inmiscuirse”.

Debido a estos hechos, la señora de Lehmann pagó hasta que consideró que había cubierto lo entregado por el banco efectuando una medida de aseguramiento de pruebas en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación.

Luego de que el banco, a través del estudio del Dr. Ángel Fermín Garrote quiso cobrar lo no entregado iniciando una ejecución hipotecaria, y que este estudio presentara pedidos de verificación de créditos, Mántaras de Lehmann solicitó un recurso de revisión que permitía cuestionar el origen del mismo y revisar el manejo interno irregular que había hecho el Banco con sus dólares.

Pero en los primeros meses de 2003 el banco vueve a activar la ejecución hipotecaria porque se había perdido el recurso de revisión, y comienzan negociaciones con el Dr. Garrote para evitar el remate, poniendo en venta la propiedad hipotecada.

En ese momento, se encontró una renuncia al incidente de revisión, presentada por los Dres. Angel F. Garrote (h) y Ferrer, con una firma que habría sido falsificada, de la mencionada Sra., lo que le había provocado la pérdida de su derecho a reclamar ante el Banco.

“Hicimos una denuncia en la justicia civil y en lo penal, y no hubo forma de conseguir un derecho de defensa elemental, que es una pericia caligráfica, que demostraría que esa firma es completamente falsa”, precisó el marido de la damnificada.

Luego de un tiempo, el juez Saurín decidió archivar la causa “porque no encuentra que ese documento pueda causar daño”, sin completar las pericias que él mismo había ordenado.

Finalmente, la juez Alicia Lapalma ordenó que se lleve a cabo el remate sin caución de la propiedad hipotecada el día 16 de abril de 2004.

“Estos jueces tienen buenas relaciones con el colegio de abogados y con el consejo de la magistratura nacional. No sé si les tienen miedo o forman parte de la organización que moviliza todo esto… el tema es que los protegen”, remarcó Guillermo Lehmann.