DENUNCIAN A LA NACIÓN LA CRÍTICA SITUACIÓN DE EFECTORES DEL PAMI EN ROSARIO

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en relación con la que califica como “crítica” situación de los efectores propios de la Delegación IX de Rosario del Pami y el conflicto que ello genera en sus trabajadores. Desde la seccional Rosario de ATE se dan ejemplos del “desnivel” entre los recursos humanos y técnicos que se registran y las necesidades de los pacientes y se citan como las situaciones más difíciles la del servicio de terapia intensiva, la del personal de camillas–en PAMI I debería haber 10 y hay 5 personas en estas funciones- y el de instrumentistas con lo que se corre “el riesgo de tener que suspender cirugías” porque se rescindió el contrato de dos profesionales contratadas, según ATE.

Para la seccional Rosario del gremio la situación que se describe y que lleva a límites extremos de esfuerzos del personal que trabaja “es parte del proyecto de provincialización” que atribuyen a la interventora nacional Graciela Ocaña con quien pidieron audiencia.

Cuando se habla de la crítica situación de los efectores propios de la Delegación IX se citan una serie de ejemplos que se resumen en el desnivel entre los recursos humanos y técnicos y las necesidades de los afiliados de la más grande de las obras sociales del país. Este desnivel se exhibe a través de la situación de algunos sectores como el de terapia intensiva: allí faltan elementos básicos, como los monitores con cable-paciente por cada internado y oxímetros de pulso, según sostiene ATE.

La falta de personal genera en esa área del PAMI I una sobrecarga de trabajo ya que según se plantea desde la seccional Rosario del gremio que nuclea a trabajadores del Estado “hay 4 personas menos de las que se necesitan y no es posible la cobertura de las guardias, para ello debe quedarse el jefe del servicio. Hubo dos médicos que cubrieron parte de esas vacantes por seis meses pero se fueron porque nunca cobraron”, dice la médica Lucía De Vincenti.

Como una situación con la misma gravedad se señala la de los instrumentistas de cirugía “dos profesionales fueron nombradas hace un año como personal monotributista y luego se les rescindió el contrato alegando uno no apto-físico cuando tenían muy buena evaluación de sus jefaturas. Por otra parte–dice De Vincenti- no deberían haberlas sometidos a exámenes físicos cuando son profesionales que están facturando por lo que hacen”. A partir de esta situación “se corre el riesgo de tener que suspender cirugías en el PAMI I, pero además en cuanto a los instrumentistas la situación es la misma en el PAMI II”, asegura De Vincenti de la seccional Rosario de ATE.

El planteo y el reclamo que hizo ATE a través de una nota al ministro Carlos Tomada se explica luego en términos de que “otra dificultad se produce a partir de que el personal que ingresó en los policlínicos para desarrollar tareas asistenciales fue pasado a tareas administrativas sin que se lo reemplazara. En Pami I debería haber 10 camilleros y hay 5 y lo mismo ocurre en el PAMI II, la cantidad de personas dedicadas al área asistencia no se corresponde con las necesidades que marca la realidad”.

Lucía De Vincenti sostiene que es necesario hacer un relevamiento de cada sector y del personal de los policlínicos “pero no se hace nada”. La afirmación se dirige a la gestión que conduce al frente de la Unidad de Gestión IX el médico Juan Carlos Achilli. De Vincenti explica que “el personal que siempre estuvo sobrecargado de trabajo sigue en esa situación y quienes han tenido privilegios como tantas veces se denunció también siguen teniéndolos”.

Desde ATE se sostiene que los ejemplos que se ponen son parte de “un plan de destrucción del PAMI como obra social de los jubilados y tiene que ver con la denuncia que días atrás” se hizo sobre las intenciones de “provincialización”.

Los empleados de la obra social explicaron en la carta enviada al titular de Trabajo Carlos Tomada que en la delegación existe un verdadero “vaciamiento de recursos, tanto respecto del

personal como de insumos e instrumentos, lo que pone en riesgo inminente la fuente de trabajo, la salud de los trabajadores y la prestación de servicios”.

La denuncia giró también en torno a la carencia de personal en diferentes sectores, el incumplimiento de parte del instituto de las condiciones de trabajo consideradas de riesgo, los contratos no regularizados de enfermeros, kinesiólogos y médicos de cabecera.