DENUNCIAN A LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La Asociación de Profesionales Policiales denunció a la cúpula gubernamental encargada de la policía santafesina. Según la A.PRO.POL “la muerte del agente WEBER y las leiones gravísimas del agente PEREZ, son causa de la falta de respeto y del desprecio por la vida del poder politico, que ante la falta de respuestas a la inseguridad, uniforma jovenes inexpertos y los ubica en moviles policiales para aparentar mejorar las demanadas de la sociedad santafesina”.

Del mismo modo, la A.PRO.POL expresa que “por eso consideramos que, en lo institucional, la Dra. PERAZZO, jefa de Policia, y en lo politico los Dres. ROSSI y ROSUA son responsables de un homicidio evitable, de una desgracia que ellos sabian podia ocurrir; a nadie puede ocurrirsele entregar una camioneta con las caracteristicas de las que hemos visto ultimamente, a un agente que solo tiene DIEZ DIAS en la calle”.

“Por eso ya le habiamos advertido al Dr. ROSSI, que debian estar estos novatos acompañados por suboficiale de experiencia, pero bueno, quizas como cuando APROPOL hace estos planteos se dice que somos POCOS SERIOS, y que pone en DUDA la CALIDAD DEL DENUNCIANTE; ahora seria bueno que salgan a explicarle a las familias de los dannificados, y a la sociedad santafesina, quien es poco serio”.

TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cinco, yo MIGUEL ORLANDO ZALAZAR, argentino, mayor de edad, instruido, de profesión policía, DNI 21.419.824, Secretario Adjunto de la Asociación Profesional Policial (APROPOL), con domicilio en Mariano Comas 3483 de esta ciudad comparece ante esta Delegación Centro-Norte de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, a los fines de radicar formal denuncia, conforme las previsiones del nº 177, 178, 179, 180 y ss. y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Que solicito se investigue la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO (Art. 84), INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, (Art. 248) y LESIONES GRAVES (Art. 90), todos del Código Penal Argentino; por parte de la señora Dra. Leyla PERAZZO, Jefa de Policía de la Provincia de Santa Fe, el Dr. Alejandro ROSSI, Subsecretario de Seguridad Publica; y del Dr. Roberto ROSUA, Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia; por las causales que paso a detallar. Que en la víspera se produjo el deceso del agente de policía Sebastián WEBER, y resulto con lesiones el agente Mariano PEREZ, ambos numerarios del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno. Que ambos empleados eran novatos para las tareas asignadas, y con conocimiento de la Jefa de Policía y de las autoridades políticas, que en el afán de buscarle una salida improvisada a la inseguridad reinante en la provincia, con solo treinta días de instrucción, ponen jóvenes policías inexpertos para las tareas de seguridad. La muerte del agente WEBER, no es solo un accidente de transito, o una casualidad, sino es una causalidad de la falta instrucción, de la impronta de una política de seguridad, que pone a un joven de 23 años, CON TAN SOLO SEIS GUARDIAS, a cargo de un móvil con características particulares y donde JAMAS recibió instrucción sobre el manejo de un vehículo policial. Es verdad que WEBER poseía carné de conducir, pero conducía un vehículo particular, y nada puede compararse en el manejo de un auto de paseo con lo que significa una unidad policial, en emergencia. Esta situación; la máxima autoridad policial la sabe, los funcionarios políticos que hoy denuncio la saben, existen informes oficiales respecto a la deficiencia en la instrucción de los 197 nuevos policías incorporados, de los cuales 100 hoy están en las calles de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, poco parece interesarles esto, y esta desgracia evitable, tiene que ser investigada hasta las ultimas consecuencias. Es claro que aquí aparecería la figura del “DOLO EVENTUAL”, y que a sabiendas de los posibles resultados, hay funcionarios políticos que actúan de esta manera y deben ser juzgados. Nadie y nada puede poner en peligro la integridad física de una persona; mucho menos los responsables del Estado, que son quienes en primer termino deben garantizar la seguridad de sus empleados. Prueba de lo que aquí expreso, es la solicitud realizada al señor ROSSI, precisamente en fecha 8 de febrero, y suscitada a raíz del asesinato de un suboficial en la ciudad de Rosario, donde con claridad le exprese, que “…ninguna patrulla debiera estar integrada por un numero inferior a dos efectivos y de los cuales uno de ellos deberán ser con capacitación y experiencia en la función a los fines del complemento de la capacitación teórica recibida por los novatos y además como medida para minimizar los riegos a que puedan ser sometidos”, sobre el particular le adjunto copia de la nota de referencia. Siendo todo cuanto deseo exponer al respecto, firmo para constancia.