DENUNCIAN COMPRAS IRREGULARES EN LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Pese a ser objetada por una Comisión de Estudio, la Intervención de Antonio Caro avaló recientemente la adquisición de transformadores con un sobreprecio estimado en seiscientos ochenta mil pesos. El caso involucra a tres funcionarios que justificaron los precios perjudiciales a la EPE: Lidio Molina, Antonio Risso y Oscar Russo. Las irregularidades entorno a las compras en la principal empresa del Estado provincial aparecen como la punta del iceberg de otra “EPE paralela” amparada por la impunidad oficial.

La adquisición de transformadores eléctricos a mediados de 2003 por parte de la Empresa Provincial de la Energía con un sobreprecio estimado en seiscientos ochenta mil pesos, un 20% del monto total finalmente abonado en la compra de esos equipos por la EPE –según se desprende del análisis de la “Comisión de Estudio de la licitación 1602/03” de la distribuidora eléctrica local llamativamente desestimado por la Intervención-, vuelve a poner en el ojo de la tormenta la actual gestión. Pese a contar con elementos suficientes para ordenar sumarios internos contra los funcionarios que avalaron estos pagos que suponen un considerable perjuicio económico para la empresa santafesina, el Interventor de la EPE Antonio Caro optó por ratificar la operación y silenciar el caso. Ni siquiera se tuvo en cuenta la insolvencia económico-financiera de una las empresas oferentes, de acuerdo a información brindada por el Banco Central.

La cuestionada compra de transformadores que llevó a algunos empleados de la empresa a sugerir la no adjudicación de la licitación, es un botón de muestra que parecería revelar tras las compras en la EPE una verdadera “caja paralela”, integrada por funcionarios de segunda línea de la EPE que responden a dos grupos de poder en la empresa. Los nombres de Lidio Molina (Gerente de Desarrollo), Antonio Risso (Gerente de Administración) y Oscar Russo, (Jefe de Logística) son claves en este “esquema”. Sus referentes son el actual Interventor Antonio Caro y el Senador Daniel Depetris, quien no desempeña funciones en la distribuidora pero cuenta con hombres de su riñón político en el área encargada de las adquisiciones (y los pagos de éstas) dentro de la empresa eléctrica local. Como en el caso analizado en esta nota, las justificaciones del “blanqueo” de pagos irracionales se basan generalmente en un argumento utilizado hasta el hartazgo durante la década menemista: “Razones de emergencia”. Los montos destinados a compras no son para nada despreciables dentro del funcionamiento de la empresa. Sólo entre 1994 y el año 2001 la EPE destinó alrededor de trescientos millones de pesos-dólares en este sentido.

“SIMPLE DIFERENCIA NUMERARIA”

A principios de este año la Unidad Ingeniería de la EPE de Rosario dependiente de la Gerencia de Desarrollo inició trámites internos para la compra de “Transformadores de Distribución para el cambio de tensión primaria en la ciudad de Rosario”. El pedido derivó en la Licitación Pública 1602/03, destinada a la adquisición de dichos equipos. El presupuesto oficial fue establecido en $ 3.500.000, IVA incluido. El 24 de abril se procedió al acto de apertura de los sobres de la licitación, en el que participaron seis firmas oferentes. Una Comisión de Estudios integrada por Oscar Martín, Elizabet Leguizamón y Roberto Vila (empleados de la EPE de distintas reparticiones), fue la encargada de estudiar la legalidad y conveniencia económica del proceso licitatorio.

El 14 de mayo dicha comisión concluyó que “el monto del presupuesto oficial es excesivo y adolece de fallas en su conformación, ya que para realizarlo el área técnica se remitió únicamente a importes promedios a valores de plaza obtenidos de empresas líderes”. Una aseveración que dejó claro la inexistencia de parámetros de costos “propios”: Los funcionarios encargados de compras en la EPE (Logística), no contaron con un estudio comparativo de precios provistos por distintos proveedores de transformadores en el país. Tampoco se dispuso la designación de técnicos que indiquen el costo pieza por pieza de estos insumos. En otras palabras, los funcionarios encargados de “defender” las finanzas de la EPE dejaron supeditado los precios pagados a las ofertas presentadas por los proveedores privados que se presentaron en la licitación. Curiosa manera de proteger los intereses de la empresa santafesina.

Pero la observación más importante realizada por la “Comisión de Estudios” es la relativa a las ofertas presentadas en la licitación. Los sobreprecios de los distintos tipos de transformadores oscilaron entre un 11% y un 30%, según el informe firmado por Martín, Leguizamón y Vila. Para arribar a esa conclusión estos empleados de la EPE estudiaron una compra de idénticos insumos (1) efectuada en septiembre de 2002 por la empresa distribuidora eléctrica de la provincia de Chaco (SECHEEP). De haberse adquirido los transformadores aplicando los valores analizados por la Comisión de Estudios, la EPE podría haber ahorrado alrededor de $680.000. Dicho en otros términos, en lugar del valor total de la adjudicación finalmente avalado por los miembros de la Gerencia de Administración de la EPE ($3.282.499,08), dicha cifra tendría que haber llegado a $2.600.000 aproximadamente. Un ahorro considerable.

Otra de las objeciones planteadas fue las exigua rebaja porcentual (un 2%) ofrecida por las empresas proveedoras en sus ofertas como “premio” al pago anticipado de la EPE del 50% del valor total de la adjudicación. De acuerdo a las conclusiones de los agentes de la EPE encargados de evaluar la conveniencia económica de las ofertas “el descuento no debía ser inferior al 6%, teniendo en cuenta la tasa que cobran los bancos para anticipos en cuentas corrientes para empresas de primera línea” (2). Una apreciación razonable si se tiene en cuenta que a través del “pago anticipado”, los proveedores “eliminaban su riesgo empresario” en un 50%, pudiendo utilizar el propio capital de la EPE para comprar o fabricar los transformadores a vender a la distribuidora eléctrica santafesina. Vila, Martín y Leguizamón luego de un análisis de precios realizado con un criterioso y holgado margen de incrementos consideraron inválidos los justificativos presentados por los proveedores para argumentar los insignificantes descuentos ofrecidos a la EPE.

La conclusión final de la Comisión de Estudio se emitió el 23 de mayo de 2003. Allí sus tres miembros sugirieron a las autoridades de la EPE “no adjudicar la Licitación Pública 1602/03, por precios no convenientes”. Sin embargo, gracias a los argumentos esgrimidos en un informe elaborado por Lidio Molina y Oscar Russo el 3 de junio de este año, el criterio expuesto por la Comisión de Estudio fue desestimado (3). Como si fuera un decreto dictado en las mejores épocas del ex presidente riojano, el informe ratifica la adjudicación de la licitación apelando a razones de “necesidad y urgencia” de la obra. Pero el análisis de estos dos funcionarios de la EPE que despierta mayores interrogantes es el relativo a los sobreprecios estudiados por Martín, Leguizamón y Vila. Según expresan Molina y Russo en el informe que ratificó la licitación de transformadores, seiscientos ochenta mil pesos constituyen apenas una “simple diferencia numeraria”.