DENUNCIAN EN EL MOYANO GRAVES DELITOS SEXUALES

El gobierno porteño dispuso la intervención por 180 días de la dirección médica del hospital neuropsiquiátrico de mujeres Braulio Moyano, separó provisionalmente al titular del área y abrió actuaciones sumariales para deslindar responsabilidades en relación con las denuncias de violación, abuso sexual y prostitución de pacientes que se difundieron en medios de comunicación durante las últimas semanas.

“Había sumarios en trámite desde 1999, pero en etapas que no permitían arbitrar la separación del director. Hoy, tras la gravedad de los delitos que se mostraron en los informes periodísticos, sí podemos hacerlo. Porque el director médico es el responsable de la seguridad del establecimiento y de la integridad de las internas. El hospital es incontrolable en las condiciones en que está”, explicó el secretario porteño de Salud, Donato Spaccavento, a LA NACION.

Hasta ayer, y por casi 22 años, la dirección médica del neuropsiquiátrico estuvo a cargo de Néstor Marchant, quien, según las denuncias, no sólo conocería sino que también habría dado el visto bueno a la salida de un número todavía no determinado de pacientes para ejercer la prostitución fuera del centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

Sobre Marchant pesan también cargos por no haber castigado a los dos empleados sospechados de violar a internas. Fuentes de la Secretaría de Salud porteña intervinieron el neuropsiquiátrico de mujeres: investigan abusos sexuales contra pacientes

identificaron a los sospechosos como un enfermero y un empleado de mantenimiento, que siguen cumpliendo funciones pese a las acusaciones.

Paralelamente, tal como informó LA NACION en ediciones anteriores, la justicia federal investiga también si Marchant apañaba el ingreso de internas en un protocolo científico de prueba de medicamentos experimentales sin que éstas, por su condición, lo consintieran, y sin ninguna notificación formal.

Negocios y complicidades

“Detrás de todo esto hay mucho dinero en juego por los negocios de Marchant, en complicidad con algún sector gremial. Por cada paciente cobran hasta 5000 dólares [por los protocolos científicos]. Pero quiero que sepan que esta decisión política no se vuelve para atrás, es irrevocable. No vamos a aceptar el patoterismo ni el apriete de ningún sindicato”, respondió Spaccavento a LA NACION, al ser consultado por el paro anunciado por empleados de ATE tras ser anunciada la medida.

Según fuentes del gobierno porteño y de legisladores que denunciaron el mal funcionamiento del Moyano, en estos “negocios” tendría participación un directivo de ATE conocido como “El Gordo Muñoz” y la esposa de Marchant, identificada como Susana Caruso, jefa del Departamento de Largo Tratamiento del nosocomio y tesorera de la filial de la Asociación de Médicos Municipales en el Moyano.

Tanto Spaccavento como el vicejefe de gobierno porteño a cargo del Poder Ejecutivo, Jorge Telerman, quisieron sin embargo defender a los trabajadores del hospital. “No sólo las pacientes son víctimas de violaciones a su integridad, sin los parámetros mínimos de atención. También los trabajadores son víctimas porque no pueden trabajar con eficiencia. Hubo ausencia del Estado por 20 años en el sistema de salud mental, y el hospital se convirtió en un asilo, en un depósito de personas hoy incontrolable”, sentenció el secretario de Salud.

“El gobierno toma todas estas medidas porque tiene un compromiso con las internas y con la comunidad para llegar a ver con orgullo a este sistema y a sus recursos humanos”, dijo Telerman.

Atraso sin explicación

Ambos hicieron luego hincapié en la importancia de la decisión adoptada tras años de desentendimiento de las autoridades sobre la situación en los neuropsiquiátricos. Ninguno parecía recordar que la administración ibarrista lleva cinco años a cargo de la ciudad, si bien Spaccavento asumió hace pocos meses.

“Sí, había sumarios abiertos desde 1999 -admitió el secretario a LA NACION-. Los neuropsiquiátricos tenían serios problemas, pero quiero aclarar que cuando yo asumí Aníbal Ibarra me mostró todo su apoyo para la modernización que yo planeo instrumentar en el sistema de salud mental.”

En efecto, cuando tomaron estado público las denuncias por la violación del derecho a la integridad de las pacientes, la Ciudad apuró una decisión que -según el asesor tutelar que representa a las personas con padecimiento psiquiátrico, Gustavo Moreno, y legisladores de distinto signo político- debió haber sido adoptada con anterioridad, a partir de los antecedentes de problemas edilicios y de mala atención de las internas que probaban “la falta total de gestión y de control” en el establecimiento.

En rigor, el área administrativa del Moyano fue intervenida por el gobierno porteño en mayo último, obligado por una medida judicial dictada sobre un recurso de amparo presentado por la diputada macrista y presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura, Soledad Acuña, a raíz del estado calamitoso del hospital.

En julio último, además, la legisladora kirchnerista Ana María Suppa, vicepresidenta de esa comisión, presentó sobre tablas un proyecto para decretar también la intervención médica al neuropsiquiátrico porque “la administrativa resultaba absolutamente insuficiente para resolver los graves problemas”, dijo.

Ya entonces Suppa había expresado su “especial preocupación por las denuncias sobre distintas formas de violencia sexual ejercida contra las internas”. El proyecto no prosperó.

Y el gobierno porteño sólo reaccionó ayer, luego de que informes televisivos y de medios gráficos, entre ellos, LA NACION, pusieran sobre el tapete que, dentro del centro del salud, algunas de las 1100 pacientes habían sido violadas, otras abusadas y otras, autorizadas a ejercer la prostitución.

La existencia de delitos del mismo tipo había sido denunciada también por organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

El director general de Salud Mental del gobierno porteño y flamante interventor médico del neuropsiquiátrico, Pablo Berretoni, confió ayer a LA NACION que estos organismos serán invitados a participar y supervisar el plan de manejo por instrumentar.

“El descontrol en el hospital propiciaba que ocurrieran estas y otras situaciones de igual gravedad. El desentendimiento del Poder Ejecutivo dejó al Moyano en manos de una conducción autoritaria”, sostuvo Acuña. “Respaldo la decisión, pero se podría haber tomado mucho antes. Las condiciones estaban dadas”, agregó Suppa. Y Moreno exigió el pronto traslado a casas de medio camino de las 198 pacientes con alta médica, pero sin lugar adonde volver.