DENUNCIAN ESTAFA A LA API

La Administración Provincial de Impuestos (API) denunció el lunes pasado ante la fiscal en turno una estafa mediante sellos falsos en tasas de justicia, pagadas en el Nuevo Banco de Santa Fe, y en liquidaciones del impuesto inmobiliario. La maniobra consistiría en alterar las máquinas que hacen los timbrados: los contribuyentes abonan las sumas correspondientes pero éstas no llegan a las arcas estatales pues quedan “en el camino”. Las denuncias de la API por conductas ilícitas de este tipo son habituales, sin embargo difícilmente se esclarecen.
Como por ahora no hay sospechosos señalados, la fiscal Rita Schiappa Pietra giró la presentación a la oficina NN, que investiga por el ministerio público las causas sin imputados invidualizados. Schiappa Pietra cree que este organismo es el más adecuado para centralizar las múltiples pesquisas radicadas por el mismo tema en los últimos años, actualmente desperdigadas en distintos juzgados de instrucción. La figura penal que se aplica es la de estafa a la administración pública, ya que el presunto damnificado resulta el Estado provincial. Estas causas requieren una exhaustiva investigación, generalmente poco exitosa en un sistema colapsado y sin un fuero especializado en delitos económicos, como el que funciona en los tribunales federales. El juez en turno, Carlos Carbone, debe decidir si se queda con el sumario o lo remite a la oficina NN, tal como postuló Schiappa Pietra.

Los casos denunciados por la API son cuatro, según confirmó el subdirector de Fiscalización Externa, Antonio Maragliano. “La API no denuncia ante el juzgado sino que pone en conocimiento de la fiscalía la posible comisión de un delito, que aquí sería la falsificación de sellos en tasas de justicia. Tres casos fueron detectados por el juez civil y comercial Nª1, que corrió vista a la API”, explicó Maragliano.

“Pedimos información al banco (de Santa Fe), que confirmó la no recepción del dinero. A la fiscal le entregamos copia del expediente administrativo”, agregó el funcionario, aclarando que ese expediente seguirá su curso de cara a que el fisco en algún momento pueda cobrar. En ese sentido, no se descarta que el contribuyente deba pagar de nuevo. Por último, Maragliano ratificó que las denuncias no son aisladas ya que habitualmente la API eleva sospechas similares.

Las boletas con sellos apócrifos estaban incorporadas en tres demandas judiciales y en total suman algo menos de 1.500 pesos. Definitivamente el monto no es elevado, aunque se ignora cuántas veces se reprodujo la maniobra. Según fuentes tribunalicias, en uno de los pleitos una abogada tuvo que salir a saldar la deuda para que sus clientes pudieran concretar una operación inmobiliaria. En este último caso se encuentra en duda si el Estado fue perjudicado (ya que en definitiva terminó recibiendo el dinero correspondiente).

Un funcionario que tuvo acceso a la denuncia reveló que según informes del Nuevo Banco de Santa Fe las máquinas que hicieron los timbrados truchos están en funcionamiento, incluso “trabajaron” el día de la maniobra. Lo adulterado es la secuencia, una cifra que aparece al tope del sello. Mejor dicho, la secuencia no existiría. La presunción de los investigadores es que el sistema con el que se programa las máquinas es lo suficientemente vulnerable como para su alteración selectiva. Los problemas que se vislumbran es que muchas manos manejan las timbradoras. El cuarto caso tuvo su origen en la división Impuestos de Emisión (sector Inmobiliario) de la API. Corresponde justamente a nueve sellados para solicitar estado de deuda, por un monto total de 53 pesos.

DENUNCIAS DE EMPLEADOS DEL EX BANCO PROVINCIAL

El personal bancario transferido del ex Banco Provincial de Santa Fe denunció ser objeto de “un nuevo acto discriminatorio” por no hallarse incluido en los decretos 0006 de enero de 1999 y 2.063 de julio de 2003 y por depender de las actualizaciones salariales acordadas por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), lo que representó un incremento salarial de 60 pesos. “El personal transferido rechaza expresamente esta política salarial como asimismo la intromisión de la UPCN en cuestiones que deben ser definidas en el marco de la ley y con la aplicación del convenio Colectivo Bancario”, señala el comunicado dado a conocer ayer por el personal transferido del ex Banco Provincial de Santa Fe.