DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LOS ACUERDOS CON LAS PRIVATIZADAS

El ingreso al Congreso de la documentación de las primeras renegociaciones que cerró el Gobierno con las privatizadas disparó una nueva polémica sobre la legalidad y los procedimientos que siguieron los funcionarios.

Los cuestionamientos administrativos y legales salieron a la luz no bien se abrieron los “paquetes” que la Unidad Renegociadora de los Contratos (UNIREN), que depende de los ministros Julio de Vido y Roberto Lavagna, remitió en la última semana a la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas por la ley de emergencia.

Actas en lugar de los contratos, documentos que carecen de las firmas imprescindibles de los ministros de Economía y Planificación Federal y la no inclusión de los dictámenes previos que debían realizar la SIGEN y la Procuración del Tesoro constituyen las principales irregularidades que denunciaron el defensor del Pueblo, legisladores de la oposición y asociaciones de usuarios.

Hasta ahora, las renegociaciones que llegaron al Congreso son las de la eléctrica Edelap, las cuatro terminales portuarias de Buenos Aires y la de los accesos Norte y Oeste. Pese a que los legisladores tienen un plazo de 60 días para expedirse, la intención oficial es tener los acuerdos aprobados antes de que finalice abril.

El defensor de Pueblo, Eduardo Mondino, advirtió que los documentos que la UNIREN giró a la bicameral “no cumplen con los requisitos y los procedimientos de la legislación vigente”.

Mondino destacó que no se cumplió con lo previsto en el artículo 38 del decreto 1172/03 “en cuanto a que los ministros de Economía y Planificación deben dictar una resolución para fundamentar las razones de aceptación o rechazo de las propuestas efectuadas en las audiencias”.

Según el planteo del ombudsman, los incumplimientos impiden la puesta en marcha del plazo legal de 60 días que tiene el Congreso para manifestar su posición sobre la renegociación.

Por su parte, el diputado nacional Héctor Polino alertó que “en la documentación entregada no aparecen los informes de SIGEN y la Procuración, lo cual implica una falencia en el sistema de contralor de las renegociaciones”.

Respecto a las denuncias y objeciones que se plantearon en las audiencias públicas, Polino sostuvo que “no fueron tenidas en cuenta a la hora de redactar las actas-acuerdos”. “En el caso de Edelap —agregó el legislador— los puntos más criticados en la audiencia, que fueron los aumentos tarifarios y la refinanciación de las multas a 10 años, se mantienen sin modificaciones”.

En tanto, Pedro Bussetti —titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores)— destacó que “no se respetaron las normas de procedimiento y a todos los acuerdos les faltan tanto las firmas de Lavagna y De Vido, como las rúbricas de los apoderados de las privatizadas”.

Agregó que “los acuerdos no pasaron por la SIGEN ni por la Procuración del Tesoro, tal como lo exigen el decreto 311/03 y las resoluciones 188/03 de Economía y 44/03 de Planificación”.

Bussetti advirtió que “si se respetan las normas, al Gobierno le resultará imposible conseguir la convalidación parlamentaria en los próximos días. Pero si los legisladores del oficialismo pasan por alto los cuestionamientos y aprueban los acuerdos, se promoverán las acciones judiciales para declarar la nulidad de las renegociaciones”.