DENUNCIAN OPERACIONES ILEGALES EN LA VENTA DE TERRENOS EN CAPITÁN BERMÚDEZ

Una beneficiaria de los planes sociales que vive en la zona del Espinillo de esta ciudad, habría vendido terrenos que no son de su propiedad en nombre de la Municipalidad, por lo cual fue denunciada por estafa.

La maniobra fue descubierta cuando uno de los compradores de buena fe se presentó en el municipio para realizar un trámite. En ese momento se pudo establecer que los terrenos que están ubicados sobre calle Francia, en la zona del barrio Villa Margarita, nunca fueron encargados para la venta por parte de la comuna y que la misma “vendedora” habría perjudicado a tres personas más.

Marcos Navarro, oriundo de Rosario, adquirió el lote número tres de la manzana 12-37, sección 4, ubicado en la calle Francia al 500 de Capitán Bermúdez, en la intersección con Belgrano frente a las vías del Ferrocarril. La compra del terreno la efectuó a partir de haber obtenido el dato de que una persona estaba vendiendo terrenos “muy baratos”. Fue así como dio con una mujer que le aseguró que la Municipalidad le había encargado la venta de unos lotes para evitar la radicación de villas.

En la zona en cuestión existe una importante cantidad de predios que se encuentran desocupados y con una considerable deuda fiscal acumulada, y si bien no se tiene noticias de los dueños en los registros pertenecen a la sucesión de Ana Cismonde y otros.

Esa fue la notificación que recibió Navarro cuando se presentó en una oficina de la Municipalidad para gestionar el cambio de titularidad en la tasa general de inmuebles (TGI). A partir de ese momento el damnificado realizó una denuncia policial por defraudación, a la que se sumó la Municipalidad instando a la investigación. De las actuaciones policiales resultó imputada una mujer que tiene un plan social y reside en la humilde zona del Espinillo.

La investigación se orientó hacia ella debido a que el comprador denunció que la vendedora manifestó ser la encargada de vender unos terrenos con la condición de que en la zona no se produzcan asentamientos irregulares. Incluso, el comprador sostuvo que el precio fue de 1.500 pesos y que la imputada le ofreció pagarlo en cuotas de 300, sin necesidad de presentar recibo de sueldo.

Además de las actuaciones policiales se desprende que Adriana Quintana, Pamela Velázquez, y María Soledad Díaz, todas de Rosario, también habían resultado ser víctimas de la misma maniobra.

Al ser interrogada la sospechosa admitió las operaciones e imputó a dos empleados municipales que desempeñan funciones en las oficinas de Rentas y Catastro, al tiempo que aseguró que el dinero recaudado se lo entregó a uno de ellos con el fin de iniciar una moratoria de la deuda de esos terrenos a nombre de ella.

Sin embargo, hasta el momento la Justicia solamente imputó a la vendedora, y a los empleados municipales -que negaron su vinculación con el hecho- sólo se les tomó declaración.

A pesar de esto, el Departamento Ejecutivo ha iniciado un expediente sumario a los dos empleados, y no se descarta que la maniobra se haya repetido en otros sectores de la ciudad.

En ese sentido, el gobierno municipal firmó un convenio con la Dirección de Catastro de la provincia para realizar un pormenorizado relevamiento del estado de los lotes en la localidad, y alertó a través de un comunicado que no ha encargado a ningún empleado ni a terceros la venta de terreno alguno.