DENUNCIAN PENALMEMTE AL DEFENSOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Defensor General de la Nación, Miguel Angel Romero, fue denunciado penalmente esta mañana por presunto prevaricato y administración fraudulenta, en una acción que le entabló un subordinado suyo y que quedó radicada ante el juez federal Sergio Torres.

En un escrito de 14 carillas el Defensor Oficial Hilario Lagos denunció a Romero cuya remoción (por mal desempeño en sus funciones) también pidió a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Lagos -quien mantiene una enemistad de vieja data con su Superior jerárquico- recordó que el 20 de abril de 1997 se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado “a fin de que se meritara la falta de idoneidad” de Romero.

Según el denunciante la actividad del jefe de todos los Defensores Oficiales “se limita a viajar a cuanto congreso o simposio hubiere, con viáticos pagos y hospedaje exclusivo en hoteles cinco estrellas y a participar de los mismos con mensajes intrascendentes”.

“Desconozco, por la falta de transparencia administrativa de la que habla, si sus acompañantes (familiares) abonan sus gastos o si también son solventados por la defensa pública”, afirmó Lagos.

En otro de los párrafos de su escrito el denunciante dijo que “las designaciones por contratos por razones de servicio, los ascensos y retrocesos en los cargos, como las licencias otorgadas, son algunos de los absolutamente arbitrarios y reservados actos”.

En esa línea criticó el accionar de Jose Eduardo Lauritto, Defensor Oficial de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) quien, desde su oficina, “efectuó una campaña política para el cargo de Intendente de dicha ciudad, lo que se encontraba expresamente prohibido”.

“Obtenido el triunfo, el Defensor General de la Nación modifica el reglamento estableciendo que no se podía realizar actividad política partidaria, salvo que él mismo lo autorice, y otorga licencia sin goce de haberes al distinguido colega, hoy intendente de esa Ciudad”, dijo Lagos.

El denunciante añade que una funcionaria (Norma Susana Fontemachi) que “actualmente se encuentra contratada y realizando tareas de locución en los actos oficiales” de la Defensoría General “ha sido procesada por peculado” y manifiesta ignorar “si la nombrada informó de la existencia de un proceso penal seguido en su contra”.

También fustigó una resolución por la cual Romero no aceptó las excusaciones de Defensores Oficiales para no asistir a los imputados de gravísimas violaciones a los derechos humanos, aunque se hubiera tratado (como en el caso de Mario Hugo Landaburu, recientemente jubilado) de familiares de las víctimas de esos hechos.