DENUNCIAN “PERSECUCIÓN” CONTRA DOS AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN

Dos personas afectadas por la inundación del año 2003 prestaron declaración el jueves ante el Juez de Faltas, Héctor Valli, imputado por “incumplimiento de las normas legales”, debido a una protesta pacífica que realizaron en abril de este año en los Tribunales santafesinos.

El 15 de abril de este año 8 personas fueron hasta el Palacio de Tribunales, con la intención de entrevistarse con el Juez Diego de la Torre, quien lleva adelante la Causa Inundaciones. Al negársele la audiencia, los inundados se marcharon del despacho, descendieron al subsuelo y leyeron un documento, reclamando Justicia. Casi tres meses después, el 6 de julio de este año, el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Bordas, le envió una carta al Juez de Faltas, Héctor Valli, solicitándole que “tenga presente un informe de la Guardia Policial, donde narraba los hechos ocurrido el 15 de abril”.

El 29 de julio, el Dr. Valli envió una nota a la División Informaciones de la Policía de la Provincia, a quien le pidió que informe y confirme los datos filiatorios de las personas que habían concurrido ese 15 de abril a Tribunales. Además, Valli, le giró la misma nota al Ente de la Reconstrucción, donde se le solicita a Juan Carlos Forconi que se informe sobre los subsidios que estas personas habían percibido.

El 12 de agosto pasado, el Departamento de Información le contestó la nota a Valli con la información requerida, y le adjunta un petitorio de la Marcha de las Antorchas. Según los servicios de inteligencia, este petitorio era del 29 de abril, sin embargo estaba firmado el 29 de julio. Otra irregularidad detectada en el expediente fue que uno de los inundados imputados, Héctor San Agustín, fue contemplado en la causa como Héctor San Martín.

Finalmente, el jueves, el Juez Valli indagó a dos inundados, entre ellos San Agustín, por el incumplimiento del Art. 57 del Código de Faltas “…incumplimiento de las normas legales y de seguridad en edificios públicos”. Cabe mencionar que no hay denuncias por disturbios, ni por daños, ni por resistencia a la autoridad.

La abogada defensora de estos dos afectados, Lucila Puyol, aseguró que esto “es una causa política” y denunció “persecución”. “Tribunales tiene muchas causas pendientes, y sorprende que pongan tanta maquinaria judicial por este hecho”, añadió.

Comentó en de Radio Somos (LT 10) que sus defendidos “leyeron el escrito en la puerta del Juzgado y se retiraron. La misma acta policial dice que se retiraron. Fueron al Hall y luego al subsuelo, y en ningún momento fueron advertidos para que se retiren o que no podían circular. Fue para la fecha donde se solicitaba que no prescriban las causas”.

“Es una persecución. No veo el sentido de pedir datos filiatorios de una persona al Ente de la Reconstrucción. Lo normal es que se haga a la Secretaria Electoral o la División de Información, para ver si tiene antecedentes. Querrá decir el Juez que si cobraron subsidios no puedan ir a reclamar. No se entiende por qué pedirle al Ente si estas personas cobraron un subsidio. No es esto lo que se está investigando”.

Finalmente, Puyol dijo que el Art. 57 del Código de Faltas prevé como pena arresto de 15 días, o el pago de una multa de 600 pesos a cada uno.