DENUNCIAN QUE LA INVESTIGACIÓN EN LA FOSA DE SAN LORENZO ESTÁ PARADA
Mientras en esta ciudad crece la expectativa por conocer oficialmente la identidad de los cuerpos identificados que fueron hallados en la fosa clandestina de la época de la dictadura en el cementerio local, desde la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad se reclamó a la Justicia Federal que prosiga con la investigación sobre otro sector donde también se podrían haber producido enterramientos clandestinos.
La dependencia sanlorencina en una nota enviada al Juzgado Nº4, que tiene a su cargo la investigación en la necrópolis, exhortó al magistrado actuante que “siga adelante con las tareas ante la posibilidad de que se produzcan más hallazgos”, de lo que creer tener algún grado de certeza. La misiva fue remitida luego de que LaCapital informara acerca de la identificación de tres cuerpos exhumados en 2004.
En la nota el órgano municipal hace referencia al sector en el que actúan los profesionales y pone de manifiesto su preocupación “por el abandono total del predio, lugar que debería ser preservado en forma intacta, como muestra a toda la humanidad de lo sucedido, encontrándose actualmente rodeado de malezas y desperdicios”.
Polémica
Además, la nota hace mención a la posibilidad de “apartarse de la causa” del magistrado Germán Sutter Schneider, con quien el municipio y organismos defensores de los derechos humanos ya protagonizaron una polémica a fines del año pasado, luego del fallido intento de dicho juzgado de retirar la custodia que realiza Gendarmería Nacional en el lugar”.
También señala que “tanto organismos de derechos humanos como los profesionales que trabajan en el lugar están convencidos de que podría existir otro lugar cercano donde habría más cadáveres”, por lo que se insiste en que se siga con las excavaciones.
Fuentes altamente confiables señalaron que “desde que el Juzgado Federal Nº 4 recibió en diciembre de 2002 la primera denuncia acerca de una fosa clandestina de la época del proceso hubo muchas versiones que intentaban descalificar los hechos o vincularlos a cuestiones políticas locales”.
“Sin embargo -agregaron- primero la localización de la fosa y luego el hallazgo de los primeros restos óseos, ropas y otros elementos que confirmaron la existencia de 33 cuerpos, se constituyeron en importantes pruebas que dieron por tierra los rumores que sólo buscaban subestimar o desnaturalizar la investigación”.
Con las partes óseas halladas los antropólogos pudieron reconstruir quince cuerpos, de los cuales tres ya han sido identificados, por lo que ahora en la histórica ciudad se aguarda con gran expectativa que la Justicia de a conocer los datos de las personas a las que pertenecen, como también todo lo relacionado al macabro secreto que guarda el cementerio de San Lorenzo para que salga a la luz de una vez por todas.
Lo que se pudo saber hasta ahora sobre las tres personas identificadas es que son de sexo masculino, oriundas de la provincia de Córdoba, de 19, 22 y 26 años de edad, y que habrían tenido una muerte violenta. La tarea fue realizada por cargo el equipo de antropólogos en base al banco de datos de los familiares de desaparecidos y el laboratorio Lidmo, de Córdoba, que hace poco logró establecer la identidad de Azucena Villaflor, fundadora del movimiento Madres de Plaza de Mayo.
La reciente revelación parece también abrir un debate en el Concejo Municipal de San Lorenzo, donde según trascendió en las últimas horas el bloque de ediles justicialistas solicitará la convocatoria a una sesión extraordinaria para que el cuerpo fije una posición con respecto al tema.
Partido Vecinal
Cabe recordar que hace poco el Concejo tuvo que resolver sobre la reparación del cargo al edil Pedro Rodríguez, del Partido Vecinal, luego que fuera detenido en el marco da la investigación sobre violación a los derechos humanos durante la dictadura militar que instruye el mismo Juzgado Federal. En la actualidad ese nucleamiento político conserva una banca y participa del mayoritario interbloque, junto a los conejales radicales.
Por otra parte, el senador Armando Traferri ingresó un pedido de informes a la Cámara alta pidiendo una serie de explicaciones acerca de las actuaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el marco de la investigación sobre la fosa común del cementerio de San Lorenzo.
En la presentación el legislador hace referencia a la información publicada por LaCapital acerca de la identificación de tres cuerpos de presuntos desaparecidos y hace mención a la ley 12.337 -impulsada por el propio Traferri- que declaró de interés provincial las investigaciones llevadas adelante por el Juzgado Federal sobre la fosa clandestina, al tiempo que asignó fondos a esa secretaría para que colabore tanto con la investigación como con los familiares de las víctimas de la dictadura.
Las posiciones encontradas entre el mencionado organismo provincial y el senador ya se habían insinuado luego de que el legislador manifestara a este diario que “soy autor de un proyecto que habilita los fondos para que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se lleven adelante todas la investigaciones necesarias, y no me olvido que desde ese organismo se dudó de la veracidad de los hechos de San Lorenzo, como tampoco de la gente que salió del anonimato arriesgando su vida para denunciar la matanza que hubo durante la última dictadura militar. Este cordón tiene 17 desaparecidos y sus familiares que aún esperan una respuesta”.
Por esas expresiones fue que a nadie le sorprendió el ingreso del pedido de informes, que rápidamente pasó a comisión y en el que entre otras cosas se pide saber “cuáles fueron las acciones de la Secretaría en cooperación con el Juzgado Federal, qué tipo de asistencia se brindó a los familiares de las víctimas, y cuál fue el destino de los fondos asignados por la ley hasta la fecha”.
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