DENUNCIAN QUE LAS OBRAS SOCIALES NO RINDEN GASTOS POR $ 330 MILLONES
Entre 1999 y el 2005 las obras sociales de los principales sindicatos del país no rindieron gastos por unos 330 millones de pesos, según una auditoría de la Sindicatura General de la Nación a la que accedió Clarín.
Los fondos fueron otorgados por la Administración de Programas Especiales del sistema de obras sociales para pagar tratamientos médicos muy caros (ver “La APE…”), pero hasta la fecha no se justificó con comprobantes en qué gastaron esa cifra millonaria algunos de los sindicalistas más poderosos, desde Armando Cavalieri a Luis Barrionuevo (ver “Los sindicatos…”).
La auditoría fue terminada este mes por la SIGEN que dirige Marcelo Moroni, un hombre de confianza del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sobre la APE que, desde enero, administra el abogado laboralista Juan Rinaldi, quien llegó a ese puesto con el impulso del líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano.
La APE administra unos 350 millones de pesos por año. Es un organismo autárquico pero que se encuentra en jurisdicción de la superintendencia de Servicios de Salud que dirige Héctor Capaccioli, otro hombre de confianza de Alberto Fernández. Todo dentro de la cartera del ministro de Salud, Ginés González García.
Pese a que la auditoría de la SIGEN no alcanza su gestión, Rinaldi descalificó el informe en duros términos y acusó a los auditores de “desconocer” el funcionamiento del sistema de obras sociales que tiene 9 millones de afiliados. En realidad, el número de beneficiarios —afiliados más familiares— alcanza a 15 millones de personas, sin contar el PAMI, ni las provincias.
La auditoría de la SIGEN detectó una “falta de control” sobre los pedidos de subsidios o reintegros que la APE recibe en un promedio de 20 mil por año. Además, descubrió que existen casi 10 mil expedientes “en tránsito” desde hace años y que serían los que no fueron rendidos por las obras sociales.
A criterio de la SIGEN, la APE debería de dejar de otorgar reintegros a las obras sociales que no comiencen a regularizar su rendición de gastos.
A la hora de calificar el sistema de control interno de la APE la SIGEN lo hizo con el término de “inadecuado”, que es la peor calificación que puede recibir un organismo del estado.
Ante esta serie de supuestas irregularidades la SIGEN le recomendó crear un mejor sistema de control interno y cooperar con Capaccioli para poder cruzar datos sobre los movimientos financieros de las obras sociales.
En su descargo, Rinaldi —abogado del sindicato de camioneros desde hace 20 años y de otros 9 gremios— admitió que hay “un insuficiente incumplimiento” de la rendición de gastos anterior al inicio de su gestión y que el 5 de marzo otorgó 60 días hábiles a las obras sociales para que se pongan al día.
“Vencido el término concedido, la APE evaluará disponer la prohibición de presentar (nuevas) solicitudes de subsidios o reintegros” para aquellas obras sociales que no hayan rendido sus gastos, dispuso Rinaldi.
Voceros de Rinaldi consultados por Clarín afirmaron que cortarle los reintegros a las obras sociales es muy delicado porque, más allá de los sindicalistas, se trata de reclamos médicos urgentes. Además, Rinaldi “no está dispuesto a lanzar una caza de brujas” por las irregularidades detectadas antes de su gestión.
Sin embargo, en su respuesta por escrito Rinaldi sostuvo que las recomendaciones de la SIGEN pueden llevar a reimplantar un sistema con “descontrol absoluto” como en el menemismo. A través de la resolución 1040/98 en la APE “se otorgaban apoyos institucionales a obras sociales o asociaciones de obras sociales deficitarias —subrayó Rinaldi—, para ser destinadas a cubrir los faltantes habidos por el mal manejo administrativo y contable de dichas instituciones, dinero que en ningún momento llegaba fehacientemente” a los afiliados.
Este párrafo del abogado de Moyano apunta a la responsabilidad que tuvieron los llamados “gordos” de la CGT, como Armando Cavalieri (Comercio), Luis Barrionuevo (gastronómicos) o Carlos West Ocampo (Sanidad) en el manejo de las obras sociales durante el menemismo. En esa época, Moyano militaba en el rebelde MTA.
En los noventa, el Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales era manejado por el Sistema Nacional de Seguridad Social (ANSSAL), que primero manejó Barrionuevo y más tarde Lingeri. Este es hoy uno de los aliados del kirchnerismo.
Voceros de Rinaldi recordaron que en el 2002 fue eliminado el otorgamiento de subsidios que permitía la resolución 1040 del 98 y que él prometió “democratizar” el uso de esos fondos entre sindicatos grandes y chicos.
El informe de la SIGEN habla de la necesidad de “deslindar las eventuales responsabilidades emergentes” y fue elevado a Ginés González García para que decida si lo archiva, impulsa sus recomendaciones o abre una causa penal.
La APE, una “caja” sindical
La Administración de Programas Especiales (APE) fue creada en 1998 como un organismo descentralizado del Gobierno y en jurisdicción del Ministerio de Salud. Pero siempre fue una “caja” apreciada por los sindicalistas.
Su objetivo es asegurar a todos los trabajadores en relación de dependencia el acceso a prestaciones médicas de alto impacto económico como operaciones cardíacas, tratamiento HIV—SIDA y discapacidades graves, entre otras.
Por eso todos los trabajadores aportan el 10 por ciento de lo que pagan a su obra social para un llamado Fondo Solidario de Redistribución que administra la APE para hacer frente a esas prestaciones. La APE cuenta con 155 agentes.
Los sindicatos más incumplidores
El informe de la Sindicatura General de la Nación afirma que entre 1999 y el 2005 las siguientes obras sociales recibieron fondos multimillonarios de la Administración de Programas Especiales (APE) y no los rindieron adecuadamente. El informe no especifica cuáles fueron en pesos—dólares y cuáles en pesos luego de la devaluación del 2002:
Empleados de Comercio (del sindicato que dirige Armando Cavalieri): recibió en cifras redondas 198 millones de pesos pero aún no rindió 98 millones.
Personal Rural y Estibadores: recibió 15 millones. No rindió 986 mil pesos.
Personal de la Construcción (del sindicato de Gerardo Martínez): recibió 42 millones. No rindió 3.800.000 pesos.
Personal de Dirección de Empresas: recibió casi 49 millones. No rindió 2.100.000 pesos.
Gastronómicos(del sindicato que lidera Luis Barrionuevo): recibió 26 millones. No rindió 3.800.000.
Unión Personal Civil de la Nación (del sindicato de Andrés Rodríguez): recibió 61 millones. No rindió 27 millones.
Para la Actividad Docente: recibió 40 millones. No rindió 14 millones.
Unión Obrera Metalúrgica (que dirigió Lorenzo Miguel hasta su muerte en el 2002): Recibió 11 millones. No rindió 5 millones.
Sanidad (del sindicato de Carlos West Ocampo): Recibió 38 millones. No rindió casi 21 millones.
Acción Social Empresarios: Recibió 24 millones. No rindió casi 3 millones.
Bancarios (del gremio de Juan José Zanola): recibió 49 millones. No rindió 21 millones.
Este contenido no está abierto a comentarios