DENUNCIAN QUE NADIE SE OCUPA DE LOS ADICTOS EN LAS CÁRCELES

Los “operadores terapéuticos” son agentes penitenciarios, comandados por un oficial “experimentado” que, como ellos, no tiene ningún título profesional relacionado con la salud. Los espacios físicos que usan no permiten diferenciación entre quienes empiezan sus tratamientos y quienes han avanzado. Y la filosofía que siguen mezcla, extrañamente, la sexualidad con las drogas. Pero lo que más sorprende es la cantidad de plazas que tienen disponibles los casi 10.000 presos del Servicio Penitenciario Federal para rehabilitarse de sus adicciones: apenas 81.

El adelanto del Informe Anual del procurador penitenciario al Senado deja en claro que en las cárceles federales, esas que según la Constitución deberían ser “sanas y limpias”, se hace casi nada por recuperar a los adictos. A pesar de que la ley 24.660 establece que cada prisión debe tener “secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de drogadependientes”, sólo tres de las 15 unidades del Servicio Penitenciario Federal disponen de Centros de Recuperación de Drogadependientes (CRD).

La conclusión es simple: en la Argentina, el adicto que cae preso vuelve a la calle igual (o peor) a como entró. “La respuesta institucional ante el problema de la droga en las cárceles resulta casi inexistente”, señala el informe presentado este mes por el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, cuya misión legal es velar por los derechos de los detenidos. “Con una población de cerca de 10.000 presos federales, son sólo alrededor de 80 las personas que podrían acceder a un tratamiento sistemático”, indica.

No se sabe con exactitud cuántos presos sufren adicciones. Mugnolo asegura que no hay estadísticas que permitan determinarlo. En el Ministerio de Justicia, del que depende el Servicio Penitenciario, responden que este año se hizo por primera vez en años una encuesta que determinó que el 33% de los presos (unos 3.000) habían consumido drogas antes de caer presos.

El informe del procurador —un funcionario público que depende del Congreso de la Nación— va más allá. Destaca que el sistema penitenciario federal también es incapaz de dar los tratamientos que la ley de drogas ofrece como alternativa a una condena para quienes se asumen como adictos al ser detenidos. Pero que igual los jueces siguen enviando gente para ser tratada.

“Desde el sistema judicial se insiste con la derivación de personas —a las que se considera inimputables por su adicción— a los establecimientos psiquiátricos del SPF, Unidad 20 (Borda) y Unidad 27 (Moyano)”, escribió Mugnolo. “Lo hacen a sabiendas de que allí se esgrime la imposibilidad de ofertar tratamientos específicos por no contar con recursos humanos ni espacios adecuados para tales fines”.

Para establecer cómo son los tratamientos que sí se ofrecen a los presos, la Procuración recorrió los tres Centros de Recuperación. El primero está ubicado en el Complejo Penitenciario Federal I, de Marcos Paz, destinado a “jóvenes adultos” (menores de 21 años). Allí, los casi 1.500 presos disponen de una capacidad de apenas 44 plazas para rehabilitación de drogas.

“El perfil de los consumidores responde a un inicio alrededor de los 10 años”, revela el informe. “Un oficial penitenciario sin título profesional vinculado a la salud desempeña la jefatura”, agrega. “La cantidad de operadores no responde a los estándares ni tampoco la capacitación llevada a cabo: un curso de aproximadamente una semana habilitaría a un agente para convertirse en operador terapéutico”.

El segundo centro está ubicado en la Unidad Nº 3 (Correccional de Mujeres, Ezeiza) y tiene 22 plazas. “El espacio asignado no permite diferenciar el alojamiento según las fases de tratamiento”, se lee en el informe. “La jefatura está a cargo de una oficial penitenciaria sin experiencia en el tratamiento de adicciones”, describe. “Se presume que el 35% de la población de esta unidad (hay 600 presas) necesitaría asistencia para las adicciones”.

Por último aparece el centro ubicado en el Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza, 1600 presos), para hombres adultos. Este se creó en octubre de 2005, luego de que un preso adicto solicitara por escrito a la Procuración un tratamiento y la Dirección del SPF le respondiera que no había ningún centro destinado a mayores de 21 años.

El nuevo centro tiene capacidad para 15 plazas. Su jefe es un oficial penitenciario “que proviene de sectores vinculados con la seguridad interna”, dice el informe.

En el balance general, el procurador destaca algunos puntos que comprenden a los tres centros. “La filosofía en la que se basa la asistencia responde a cuatro reglas: no a las drogas, no al alcohol, no a la violencia y no al sexo”, explica. “Resulta llamativa esta articulación en la que la sexualidad queda en el mismo estatuto que lo adictivo y lo agresivo”, indica. “También resulta significativa la falta de estadísticas que permitan conocer la cantidad de detenidos con problemas adictivos. Este desconocimiento no posibilita pensar en políticas sanitarias serias”.