DENUNCIAS CRUZADAS POR LA VIOLENCIA EN SAN PABLO

La tercera ola de violencia lanzada por el crimen organizado en el estado brasileño de San Pablo se trasladó ayer al interior del estado, adonde siguieron los destrozos. En tres días ya hubo 5 muertos, 28 detenidos y 144 ataques contra edificios públicos, sedes policiales, bancos y micros, y las autoridades federales y locales se acusan mutuamente.

Es que creció la polémica entre el gobierno paulista y el federal del presidente Luiz Lula da Silva sobre las responsabilidades de cada uno en la crisis de seguridad, iniciada en forma masiva el 12 de mayo pasado, con la primera ola de ataques.

Esta nueva seguidilla de actos violentos fue atribuida otra vez al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil que tiene como base de poder los presidios del estado más rico de Brasil.

Durante la madrugada y la mañana de ayer, el PCC concentró sus ataques en las ciudades de Itú, Campos de Jordao (centro turístico invernal de montaña) y de Sumaré.

Iniciada el lunes pasado, esta es la tercera ola de ataques del PCC en 2006, luego de las de mayo —que dejó unos 200 muertos— y julio, aparentemente con el reclamo inicial de mejoras en las condiciones de las cárceles paulistas.

El presidente Lula cruzó acusaciones con el secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Saulo de Castro, quien había insinuado vinculaciones entre el crimen organizado y el Partido de los Trabajadores (PT). “El secretario tendría que ser más sensato cuando abra la boca y en lugar de acusar a quien quiera, debería intentar evitar lo que está ocurriendo en San Pablo”, dijo ayer Lula, que para las presidenciales encabeza las encuestas con 47% de las preferencias, se informó ayer.

Pero el gobernador paulista, Claudio Lembo, del Partido del Frente Liberal (PFL), recusó el uso de soldados ofrecido por el gobierno federal de Lula y culpó al PT y al gobierno por la crisis. EL PT anunció que denunciará ante la justicia a De Castro.