DENUNCIÓ Y LE SACARON EL CARGO

En el mismo día en que la médica Silvina Roldán denunció públicamente a un comisario por acoso sexual, la mujer informó que la cúpula de la policía provincial decidió disolver el centro médico de la Jefatura rosarina que estaba a cargo de esta profesional. Desde ayer, el personal subalterno pasó bajo la órbita del policía odontólogo acusado, dejando a Roldán sin funciones –antes había sido separada de la atención médica primaria a presos–. Además, la médica denunció una presunta irregularidad en el tratamiento de su caso, ya que “Asuntos Internos y Sumarios Administrativos no le dieron intervención a la Justicia” del delito del que ella dejó constancia en una carta del pasado 15 de abril, es decir, el acoso aludido.
“Ni Asuntos Internos ni Sumarios Administrativos informaron al juzgado correspondiente de la denuncia por acoso, como debieron haberlo hecho”, sostuvo ayer Roldán, la oficial auxiliar que trabaja en Medicina Legal de la provincia y que denunció al comisario René Pérez, subjefe de la División Medicina Legal de la UR II, por acosarla sexualmente desde hace tres años.
“La respuesta que le dieron a mi denuncia es dejarme sin funciones. Mañana (por hoy) viene el doctor Oscar Lépez –el comisario general que está a cargo de la Dirección General de Medicina Legal Policial de la provincia– a firmar el traspaso. Y el centro quedará a disposición de Pérez (como subjefe es el encargado del personal), el hombre al que denuncié”, se escandalizó la doctora.
Roldán, quien hace poco más de un mes también fue relevada de cumplir con sus funciones como encargada de atención primaria de salud a los presos en comisarías, describió ayer que el próximo lunes deberá comparecer ante autoridades de Asuntos Internos. Ella atribuye esa orden a la difusión pública de su denuncia, publicada ayer por El Ciudadano, y reproducida luego por otros medios de la ciudad.
Según la edición de ayer, el cruce de denuncias entre Pérez y Roldán comenzó a raíz de un episodio ocurrido el 13 de abril pasado en la oficina de Medicina Legal de la UR II, en Dorrego 960, cuando Pérez decidió acusarla de “fisgonear” en el libro de novedades de comisarías. Según la médica, allí fue objeto de insultos.
Ayer, este diario tuvo acceso a una nota interna elevada por su jefe, el comisario inspector Jorge Velasco (subdirector General a nivel provincial y jefe de la Delegación Sur) a Sumarios Administrativos, en la que deja constancia de que Roldán fue comisionada aquel día –como era su función habitual– “a verificar la atención de los exámenes médicos de los detenidos que figuran en el libro de Medicina Legal de la UR II, de lo que el subjefe (Pérez) tenía amplio conocimiento”.
A la vez, Velasco señala que esta tarea diaria se debía a que los informes médicos de exámenes clínicos realizados por los profesionales de la policía local “no coincidían con exactitud con la patología que padecían los detenidos y, a su vez, el tratamiento terapéutico era incompleto”.
En los días siguientes a la acusación de Pérez, Roldán dejó constancia ante Asuntos Internos y Sumarios Administrativos de la situación de acoso sexual de la que asegura ser víctima desde hace tres años por una sencilla razón: “Reiteradas invitaciones a intimar que fueron rechazadas por mí”.

Palos en la rueda para la atención de los reclusos

Silvina Roldán comenzó a trabajar hace tres años en la Delegación Sur de la Dirección General de Medicina Legal de Policía. En ese momento, asegura, presentó un proyecto para la atención primaria de presos en sus lugares de detención, iniciativa que fue aprobada por el entonces jefe de la policía provincial, Ricardo Milicic.
“Lo hice por inquietud propia, ya que antes trabajé en comisarías y me di cuenta de las condiciones insalubres en que convivían los presos. Y comencé con este trabajo del que pueden dar cuenta la Coordinadora de Trabajo Carcelario y la Pastoral Penitenciaria”, sostiene Roldán.
“Pero la actitud agresiva, difamatoria y discriminatoria de (René) Pérez me comenzó a poner trabas. Hice un relevamiento de VIH en comisarías mediante el cual detectamos que 28 de 50 detenidos estaban infectados. La intención era hacer un estudio completo para darles tratamiento, pero él (por Pérez, a quien denuncia por acoso sexual) lo impidió”.
“Lo único que no pudo hacer fue sacarme el tratamiento de tuberculosis a los presos, ya que la medicación me la mandaba la provincia. Y, mientras estaba yo, se compraban medicamentos por un valor de 200 pesos mensuales, y sobraba, mientras que ahora hay 2.000 pesos disponibles, pero hay que ver qué pasa con esa asignación”, dispara Roldán.
La médica señala que desde enero de 2003 comenzó a observar que le boicoteaban su labor. Precisamente, el mes en que se hizo público que sus gestiones habían dado frutos y que todos los detenidos con tuberculosis estuviesen detenidos en el mismo lugar, en este caso la comisaría 20ª de Empalme Graneros, con el objetivo de poder atenderlos mejor.
Ahora, desplazada de sus dos cargos, Roldán sostiene: “Como está de moda ocuparse de los detenidos, quieren captarlo ellos para obtener notoriedad, cosa que yo jamás busqué con mi trabajo”.