Des-linchemonos

La serie de hechos de barbarie colectiva que se suceden y se reproducen en los medios masivos porteños (y también vernáculos), tras el alevoso crimen de un presunto ladrón en Rosario, abren una puerta peligrosa: la que da acceso a la idea de que si la justicia y el Estado en su conjunto no alcanzan a dar respuestas, bien pueden los ciudadanos reprimir y multiplicar la violencia, en el nombre de combatirla. Por Coni Cherep

Un grupo de vecinos “inocentes” patean hasta dejar inconsciente a un pibe presuntamente chorro de una cartera. El chico muere, y los vecinos creen haber cumplido con la misión del escarmiento.

La violencia instalada en las calles de Rosario, de cualquier punto del conurbano bonaerense, de Córdoba, y de todas y cada una de las ciudades grandes de la Argentina tiene varias razones, y si bien se puede comprender el nivel de cansancio del ciudadano común, del laburante que se multiplica en victima cotidiana, lo último que se puede hacer si queremos expectativas de futuro, es aceptar y legitimar la justicia por mano propia.

Vivimos un presente repleto de falta de respuestas. A la genuina violencia generada por la exclusión económica  que sufren millones de argentinos, a la muerte de la cultura del trabajo cómo modo de comprender cualquier expectativa de superación, a la ausencia de horizontes con luz que tienen los “ni-ni”, se le han agregado factores que lejos de aliviar y calmar  la situación, aumentan la tensión y provocan una sensación de indefensión que termina “relativizando” la reacción de los vecinos pateadores de cabezas sospechosas: la instalación de organizaciones narcocriminales que se sirven de esos miles de pibes sin destino y los convierten en “soldados”; el debilitamiento por falta de vocación y  una tremenda corrupción de las fuerzas policiales; la lentitud exasperante  de la justicia para resolver y esclarecer los crímenes y dar respuestas firmes a la sociedad; y una miserabilidad absoluta por parte de casi toda la dirigencia política que en lugar de comprender al problema como un asunto en el que se juega la suerte de todos, prefiere desgastar sus energías en acusar a los que gestionan, careciendo de cualquier solución a los problemas y ofreciéndoles a los ciudadanos, una respuesta aún más preocupante.

Tampoco quedamos exentos de responsabilidad en el agravamiento de la situación los periodistas que, o en la inocencia de creer que debemos responder “al sentido común” no  colaboramos en ofrecer mensajes de pacificación sino más bien lo contrario; o en la convicción de defender a tales o cuales, preferimos seguir el camino de los dirigentes y nos ofrecemos como eslabones para participar de la guerra de acusaciones y debilitamiento de cualquier imagen pública ,sirviéndonos de versiones y presunciones que lastiman la credibilidad de quienes están trabajando honestamente.

“Que nadie crea en nadie” parece ser la consigna de algunos, con una irresponsabilidad casi criminal. Ellos bien saben que  cuando no quedan en pie autoridades morales las sociedades se inclinan hacia el caos y terminan imponiéndose los que promueven las peores soluciones. Por ejemplo, el Linchamiento de presuntos culpables y, en el peor de los casos, de probables inocentes.

Santa Fe vive una hora difícil: buena parte de la policía está claramente sospechada de colaborar con el delito. Y también, de no actuar ni hacerse presente en el control de las calles de las grandes ciudades, que por momentos dan la sensación de estar liberadas. El narcotráfico desató en Rosario, tras “la caída” de “Los Monos”, una secuencia de crímenes que o constituyen venganzas entre bandas, o directamente un sembradío de mensajes  al poder político y judicial que  decidió combatirlos. Allí están los 14 balazos a la vivienda del gobernador, allí las amenazas constantes a los funcionarios de Seguridad, allí los planes para matar a jueces y fiscales, que han encerrado a varios policías corruptos y a un importante número de cabecillas narcos. A eso debe agregársele la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que ya da muestras de soluciones ágiles, de días,  a delitos que antes llevaban años  de proceso, o directamente no se resolvían. O valen también, las experiencias de Policías Comunitarias que se pusieron en marcha en Rosario y Santa Fe, con manifiesta conformidad de los vecinos.

Eso no significa que lo estén haciendo del todo bien, ni mucho menos. El gobierno provincial debe respuestas desde lo policial, que es el área donde está demostrando una preocupante falta de control o de reflejos. No es sencillo, pero debe ser la prioridad como señal a una sociedad que, más allá de los injustificables linchamientos, percibe un nivel de desprotección, que va mucho más allá de las sensaciones. No se trata de cambiar Ministros, ni de hacer movimientos cupulares. Se trata de recuperar  el dominio sobre las fuerzas de seguridad de la provincia, que más allá del extorsivo e ilegítimo paro de diciembre, parecen tener dentro de ellas, elementos dispuestos a la desobediencia y fundamentalmente  a colaborar con los delitos. Lo digo más claro: hay dentro de la policía, factores que no responden al poder político y el gobierno debe purgarlos hasta que no quede uno sólo con uniforme.

Pero el gobierno, por legítimo que es, merece la compañía de quienes dicen estar combatiendo al delito, sea cual fuera la jurisdicción que les corresponda, la ideología que declamen y los intereses lícitos que persigan. No la conjura constante desde algunas diputaciones, o la sanción como verdad absoluta de algunas versiones o presunciones, que siempre tienen origen en cagantintas cercanos a organizaciones  “postpoliciales”.

No existe en Argentina UN SOLO CASO  de solución definitiva al tema de la violencia, ni de combate exitoso al narcotráfico. Muchos de los que levantan los dedos acusatorios en territorio provincial provienen o están vinculados a fuerzas que gobiernan otras esferas y que tienen los mismos problemas que el gobierno de Santa Fe. No ofrecen soluciones, entonces ofrecen oportunismos y mezquindades. Y eso también deteriora la confianza de la gente. También en ellos, aunque no lo noten.

Aquí juega un papel vital la oposición política, la solidaridad del gobierno nacional y  el papel del periodismo. Aquí es donde deben profundizarse los espacios de díalogo y deben dejarse de lado las diferencias electorales. Aquí es donde debe aparecer la responsabilidad cívica de los dirigentes de todos los órdenes. La violencia es un problema de todos y todos tenemos la obligación de colaborar, sin medir conveniencias.

Lo contrario, es servir el caldo a la violencia. Abrir el ancho portón de la justicia “por mano propia”, que no nos conduce a ningún lugar mejor que el actual, sino a un escenario de soluciones primitivas y crueles. La violencia es legítima sólo cuando la ejerce el Estado. Lo demás es barbarie y no admite ninguna justificación, ni peros.

Hay que deslincharnos. Ofrecer un discurso menos agresivo, menos prepotente y entender que es una hora muy poco oportuna para las especulaciones sobre las conveniencias de que “al otro le vaya mal”. La que pierde en estas instancias es la política, y no un sector de ella. El que se vuelve debilitado es el Estado y no quienes lo conducen. Y los que ganan, como siempre, son los que disfrutan de los beneficios del delito, en el escenario más conveniente: el del caos.