DESAPARECIDOS: DIPUTADOS Y EL GOBIERNO NACIONAL ANALIZAN HOY LAS AMENAZAS

Una multitud cercana a las dos mil personas marchó ayer en Rosario uniendo los principales centros del poder político y judicial, para exigir el esclarecimiento de los recientes episodios intimidatorios en perjuicio de militantes de derechos humanos que impulsan la reapertura de la causa Feced, y demandar que la Justicia federal avance en el juzgamiento del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar (1976-1983). Durante el acto, se confirmó que el gobierno nacional y el Congreso se harán hoy eco de la ola de amenazas.

La compacta columna de casi dos cuadras unió en su recorrido por el microcentro la sede de la Gobernación (en la ex Jefatura de Policía), los Tribunales Federales de Oroño al 900 y los Tribunales Provinciales de Balcarce y Pellegrini. A medida que los manifestantes arribaron a cada uno de los edificios se realizó un pequeño acto con lectura sucesivas de tres documentos por parte de otras tantas organizaciones de derechos humanos.

Frente a Gobernación, Ana Moro leyó un documento de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; ante la sede de los Tribunales Federales, se dirigió a los manifestantes Darwinia de Gallicchio, en representación de Abuelas y Madres de la Plaza 25 de Mayo, y, finalmente, cuatro miembros de Hijos contra la Impunidad y por la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) -que no hicieron mención de sus nombres como un símbolo del carácter colectivo que quieren imprimirle a su lucha- se turnaron ante el micrófono para leer el documento de su organización, con lo que se dio fin al acto y se produjo la desconcentración, a las 20.30.

A partir de las 18, comenzaron a arribar a la plaza Pringles, sitio elegido para la concentración y arranque de la movilización, los activistas de las distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales convocantes. Fue un rasgo distintivo de la marcha el alto número de jóvenes que la integraban, así como el hecho de que a lo largo del extenso periplo de casi veinte cuadras fue sumándose a la columna una gran cantidad de manifestantes independientes.

Pudo verse a varios abogados integrantes del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, que patrocinan las causas recientemente abiertas en la Justicia Federal rosarina como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta que dispuso en un histórico fallo el juez Omar Digerónimo.

Alicia Lesgart y Eduardo Tonioli, los dos militantes por los derechos humanos que fueron recientemente víctimas de actos intimidatorios -cuyo repudio fue uno de los ejes convocantes del acto-, integraron, respectivamente, las columnas de Familiares y de Hijos, y durante el transcurso de la marcha recibieron numerosas muestras de solidaridad.

Reuniones en Capital Federal
La diputada nacional del ARI Alicia Gutiérrez, madre de Tonioli y también querellante en la causa de la Quinta de Funes, presente en el acto, confirmó a La Capital que hoy, a las 12, serán recibidos en la Capital Federal por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; posteriormente, a las 14, se entrevistarán con los miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para finalmente convocar a una conferencia de prensa en la sede del Congreso.

Por su parte, Elida Luna (Familiares), querellante en la causa reabierta por la desaparición de su esposo Daniel Gorosito, aseguró a este diario que recientemente una comisión -integrada por representantes de Familiares, Madres e Hijos- se reunió con el fiscal federal Francisco Sosa, a quien le ofrecieron toda la documentación que poseen sobre la represión en el marco del Segundo Cuerpo de Ejército.

El fiscal, por su parte, se comprometió a acompañar activamente el proceso judicial que se ha abierto con el reciente fallo anulatorio de las leyes de impunidad.

A la hora de los discursos, Ana Moro (Familiares) aseguró ante una acordonada sede del Gobierno en la ex Jefatura que “hacemos responsables (de la seguridad de los militantes amenazados) al gobernador Carlos Reutemann, al ministro Carlos Carranza y al poder político de nuestra provincia”, al tiempo que en el tramo final de su intervención afirmó que exigen “del gobierno provincial el total apoyo a la reapertura de las causas, el cese de la impunidad y la investigación y esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos en nuestra provincia”.

A su turno, Darwinia de Gallicchio (Madres y Abuelas) exigió frente a los Tribunales Federales que, además de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en la causa Feced, la Justicia “concrete un juicio ejemplar a todos los genocidas y sus cómplices económicos”.

Por último, en el párrafo final del documento leído por cuatro militantes de Hijos frente a los Tribunales Provinciales se aseguró que “cuando un pueblo inicia su camino de justicia y dignidad no hay jueces cómplices ni aprietes que valgan; por todo eso, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos; restitución de la identidad a nuestros más de quinientos hermanos apropiados y juicio y castigo a los culpables”.