DESAPARECIDOS: LA JUSTICIA FEDERAL HIZO UN PERITAJE EN LA DOMINGO MATHEU

La medida se adoptó por pedido de la abogada Ana María Figueroa, patrocinante de Adriana Arce, quien estuvo allí como detenida-desaparecida entre mayo y agosto de 1978.

Figueroa junto a Arce y el juez federal Omar Digerónimo ingresaron cerca de las 13 y permanecieron hasta las 16.30 en la ex dependencia militar. En ese lapso tomaron fotografías y cotejaron los croquis para determinar el lugar donde estuvo detenida Arce. Luego retornaron al juzgado con los elementos recogidos.

“Adriana (Arce) reconoció el terreno. Pudo precisar en qué lugar estuvo detenida e, incluso, todavía se podía ver en una pared una argolla donde ataban a las víctimas”, apuntó la abogada a La Capital minutos después de haberse cumplimentado la pericia judicial.

Arce, quien vive desde hace 20 años en España, llegó a Rosario hace una semana para participar in situ de la pericia ordenada por Digerónimo y a instancia de Figueroa, en el marco de los juicios por la Verdad Histórica.

La mujer fue secuestrada en Rosario el 11 de mayo del 78 y trasladada en calidad de detenida-desaparecida al centro clandestino de la Domingo Matheu. En agosto de ese año fue derivada al Batallón 121 para finalmente recaer en la cárcel de Devoto, donde permaneció recluida hasta su liberación.

En el centro clandestino de la ex Fábrica Militar, Arce, como la mayoría de los detenidos confinados en ese lugar, sufrió todo tipo de vejaciones y torturas.

En la causa que instruye Digerónimo están acusados por delitos contra la humanidad Luciano Adolfo Jáuregui (segundo en la cadena de mando cuando Leopoldo Fortunato Galtieri comandó el II Cuerpo de Ejército), Ramón Genaro Díaz Bessone, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Juan Daniel Amelong y Ana Cristeler, quien integró los grupos de tareas de la comandancia militar.

Figueroa resaltó la celeridad con la que Digerónimo resolvió realizar la pericia judicial en la ahora Jefatura de Policía de Rosario, como también “el trato cordial” que le dispensaron los responsables de la sede policial.