Desarma y Sangra

Nadie podrá de la noche a la mañana pacificar a la sociedad. Tampoco es posible cambiar rápidamente la estructura policial y sus bolsones de corrupción. La violencia y la inseguridad, que no son lo mismo aunque sean parientes, tienen un elemento en común: están enquistadas en una sociedad que tiene altos niveles de posesión legal e ilegal de armas. Esas armas matan. Por Coni Cherep

¿Y cómo se hace? En Argentina no existen casos testigos que sirvan de brújula. Si bien Santa Fe aparece en la cima de las estadísticas criminales, no menos cierto es que casi no existen estadísticas oficiales en el resto de las provincias y mucho menos una general del resto del país.

Hoy es imposible saber cuántas armas tienen en su poder los civiles. Con excepción de aquellos que lo utilizan para actividades deportivas, o están habilitados por el Renar, no existe un censo nacional de armas extraviadas por las fuerzas de seguridad, ni robadas a particulares.

En Santa Fe se sabe, no con exactitud, que miembros de la Policía denunciaron la “pérdida” de más de 1.000 armas. No llegan a un centenar las recuperadas en operativos judiciales. La intervención de Asuntos Internos resulta por lo menos insuficiente, por no decir insignificante, en procura de explicaciones sensatas y sus consecuentes sanciones cuando un arma desaparece.

En los últimos meses la oficina creada para el control de armas en el Ministerio de Justicia, ordenó la numeración de las armas y las municiones de cada policía. La medida será efectiva en el futuro. Mientras tanto, el 80 % de los policías tienen armas sin identificar.

Esas son las armas que proliferan en los barrios y llegan a manos de los soldados del menudeo narco. Esas son las armas que mataron a más 110 santafesinos en 2014.

De acuerdo a las estadísticas judiciales, el 85 % de los crímenes que se cometieron en la capital provincial, fueron una secuencia de una relación anterior entre víctima y victimario. Las causas son varias: la lucha entre bandas por dominio de territorio, rendición de cuentas entre ex socios de negocios ilícitos, hombres y mujeres despechadas, femicidios o peleas absurdas entre vecinos por asuntos menores.

En casi todos los casos que pudieron ser relevados, aparecen el alcohol y las drogas como factores de ánimo criminal. En casi todos los casos, las víctimas sabían que alguien venía por ellos. Eso lo dicen los testigos en sede judicial. Siempre los familiares saben hacia adonde apuntar cuando buscan una explicación a esa muerte.

Pocos, pero aún más dolorosos, son los crímenes de personas que mueren en ocasión de delitos, entre desconocidos, o en circunstancias “colaterales” a peleas entre conocidos. Los casos más desesperantes son las historias de Serena y Sebastián. Una nena de apenas seis años que recibió un balazo mientras jugaba en el club Regatas. La bala provino de Alto Verde. Los autores eran bandas que disputaban territorio.

Sebastián, de 11 años, cayó la semana pasada mientras jugaba un picado en su potrero de Pompeya. Mientras jugaban al fútbol, dos bandas abrieron una balacera impiadosa. Mataron a Seba, y esa misma noche, a punta de pistola, obligaron a la madre del chico, a abandonar su casa.

En todos los casos, las únicas preguntas que puede tener respuesta urgente son: ¿De dónde  salen las armas? ¿Quiénes las facilitan? ¿Dónde compran las municiones?, ¿Cómo vuelven al circuito, incluso, algunas que habían sido recuperadas?

El intendente de Santa Fe tomó una decisión que es insuficiente, pero que al menos apunta al corazón del problema: vedar la venta legal de armas por 90 días. Y sobre todo, inhabilitar a aquellas armerías que no son regulares, o no tienen permiso del Renar.

Los senadores provinciales también dieron un paso acertado: se juntaron con el fiscal General del Ministerio de la Acusación, Julio De Olazábal, para destrabar asuntos elementales que hacen a la velocidad de las acciones: el nuevo código burocratiza hasta el absurdo el conjunto de condiciones para realizar allanamientos.

La norma debe flexibilizarse, al menos bajo prescripción de emergencia. Y el fiscal reclamó mejores condiciones para el funcionamiento del sistema: urge crear la Policía de Investigaciones. Decisión frenada en Casa Gris tras un veto parcial del gobernador y que, ahora, espera en los cajones de la Legislatura. Hubo acuerdos y si ambas partes entienden la urgencia, es probable que en los próximos días se avance en la concreción de las respuestas que se exigieron mutuamente.

No habrá solución mágica. Quienes utilizan desde la tribuna el tema de la inseguridad como materia fácilmente abordable comete un acto de grave irresponsabilidad. Primero porque envenena innecesariamente a una sociedad que desespera y; segundo, porque no son capaces de resolver este asunto. No es que uno no crea. Es que en los distritos donde gobiernan sus partidos no pudieron dar soluciones al tema. Y prometerlas acá es un acto demagógico.

La violencia no es inseguridad, aunque sean parientes. Una está instalada en buena parte de la ciudadanía. Sobre todo en los sectores que han perdido la noción de valor de sus propias vidas. Mucho más de la ajenas. Sobre eso hay que trabajar en mucho de lo que se está trabajando: inclusión educativa, refuncionalización de los clubes, inversiones de infraestructura en los barrios postergados, formación para la salida laboral de los jóvenes ni-ni, ofertas de deporte y cultura para quienes disponen de tiempo ocioso y para que alimenten sus almas y sus mentes, comprendiendo que la vida tiene sentido, recuperando valores extinguidos por la violencia: la solidaridad, la convivencia pacífica, la pertenencia orgullosa al hábitat.

La inseguridad, en cambio, requiere de salidas represivas legítimas. Una policía con formación adecuada en acción real, todos los avances tecnológicos que sirvan de prevención al ciudadano y al Estado: desde botones de pánico hasta cámaras en las esquinas. Un 911 que no admita fallas graves, ni demoras inexplicables y, además, por sobre todas las cosas, una justicia que aborde sin tantas demoras las medidas que debe abordar: allanamientos y secuestros de armas, y condenas ejemplares de cumplimiento efectivo.

A Santa Fe ciudad no le quedan demasiadas alternativas. Hay un dato muy sano: ni la gestión provincial ni la municipal esconden la cabeza y relativizan el asunto. En ambos casos reconocen la magnitud del problema y parecen decididos a enfrentarlo. Falta una mano más de la gestión nacional. Es urgente que desembarque Gendarmería. En Rosario funcionó, y aunque en boca del ministro de Seguridad haya sonado disparatado, es cierto que en esa ciudad bajaron sensiblemente los números de delitos y muertes.

En Santa Fe falta lo mismo: un shock a la delincuencia que actúa como si transitara por la cocina de su casa, y la devolución de la confianza a la gente. Que no confía en quienes los cuidan.

No puede demorarse más ninguna acción que esté a mano. Es obvio que no va a solucionar el problema y que lamentablemente seguiremos siendo testigos o víctimas de muchos crímenes más, o en el mejor de los casos, de acciones delictivas.

Lo peor sería abandonar la pelea. Esa es la muerte de la política. Y es la política, en su mejor definición, sin especulaciones sectarias, ni utilización del crimen como argumento, la única herramienta que puede al menos mermar la situación. Y con el tiempo y las medidas sociales de fondo, resolver el problema.