DESDE URUGUAY PROPONEN UNA MEDIACIÓN DEL VATICANO POR LAS PAPELERAS

Mientras el conflicto de las papeleras sigue creciendo sin que se vislumbre una solución consensuada, desde Uruguay un diputado oficialista sugirió la posibilidad de que el Vaticano actúe como mediador en la disputa.

Víctor Semproni, representante del Frente Amplio, habló en Radio Mitre de la posibilidad de una mediación papal para “que haya una camino que permita encontrar una solución”. En ese sentido, opinó: “Esto no se resuelve a través de ningún laudo”.

Semproni expresó desazón ante el crecimiento del conflicto que, según declaró, “enfrenta a dos pueblos hermanos y está exacerbando los nacionalismos”.

La posibilidad deslizada hoy por el diputado uruguayo tiene como objetivo evitar que el proceso llegue hasta el Tribunal Internacional de La Haya, una posibilidad que Montevideo rechaza de plano y que Argentina parece decidida a impulsar.

SE RECURRIRÍA A LA HAYA CON DICTÁMENES DISTINTOS

Montevideo será hoy escenario de una historia con final anunciado: el presumible fracaso de la Comisión de Alto Nivel creada por Argentina y Uruguay para tratar de resolver el conflicto por la instalación de dos papeleras en Fray Bentos.

La última reunión, prevista en el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, servirá para conocer los dictámenes que emitirán los representantes de ambos países.

La falta de consenso marcaría el fallo de esta comisión que comenzó a funcionar tras un acuerdo entre el presidente Néstor Kirchner y su par uruguayo Tabaré Vázquez

Pero también tendrá otro tipo de consecuencias, ya que Argentina adelantó que una vez planteada la controversia denunciará a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya.

De esa forma Kirchner buscará demostrar que la de las papeleras es una causa nacional. Sin embargo, el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, consideró que sería “una paso grave que afectaría la institucionalidad del Mercosur”.

El objetivo de la Comisión de Alto Nivel era destrabar un conflicto que llegó a perturbar las relaciones bilaterales. Y se impuso un plazo de 180 días para evaluar el impacto ambiental de las plantas e intercambiar información técnica.

Pero nada de eso sucedió. Al menos para el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, que la definió como “una comisión dilatoria que sirvió para distraernos mientras la construcción de las plantas seguía adelante”.

El dictamen argentino haría hincapié en el incumplimiento por parte de Uruguay de algunos compromisos jurídicos. Sobre todo del Tratado del Río Uruguay. Suscripto en 1975, establece que para permitir inversiones que pueden provocar efectos transfronterzos, es necesario informar a la contraparte.

Desde Buenos Aires se dijo que eso no ocurrió, aunque la versión uruguaya fue diferente. En su descargo, Gargano sostuvo que “en la Comisión Administradora del Río Uruguay los representantes de Argentina consideraron que las empresas no generarían contaminación ambiental”.

Así como Argentina anticipó que acudirá a estrados internacionales, Uruguay también dará hoy una señal de cohesión política e institucional. La oposición fue citada por el presidente Vázquez, que explicará las razones por las que avaló los proyectos de las empresas Botnia y Ence.

A la sede del Gobierno uruguayo acudirán Jorge Larrañaga, del Partido Blanco; el ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado; Pablo Mieres, Independiente; y Aldo Lamorte, de la Unión Cívica.

Vázquez dirá que Uruguay dio los pasos necesarios para permitir la radicación de las plantas y que la Corte de La Haya lo concederá finalmente.