DETALLAN ANOMALÍAS POLICIALES EN 21 CAUSAS DE NARCOTRÁFICO

Un voluminoso informe de la Justicia federal de Rosario identifica a policías santafesinos y federales que están sospechados de cometer irregularidades al investigar casos de narcotráfico o asumir actitudes de tolerancia con los que se dedican a ese negocio ilícito. Se trata de un compendio de 21 sentencias dictadas por los tres jueces del Tribunal Federal Oral Nº 1 en las que, al término de juicios orales, se abrieron nuevos sumarios contra policías por negligencias o acciones al margen de la ley.

En esos fallos se remarca, de un modo reiterado, que las pesquisas se cortan en escalafones menores de la cadena de comercialización por, como mínimo, falencias policiales. Estos episodios se repitieron desde marzo de 2001 hasta diciembre pasado. Cuando el tribunal abrió procesos contra efectivos de la provincia fueron notificados de la situación tanto el Ministerio de Gobierno como la Jefatura de policía de la provincia, a cuyos titulares recomendaron que adoptaran medidas administrativas contra los uniformados bajo sospecha.

Las investigaciones contra los efectivos se derivaron a los fiscales y jueces de instrucción en turno federales, pero ni los propios jueces superiores saben si alguna llegó a ser resuelta. ¿Cuáles son los “errores” policiales que se advierten en estos sumarios? Líneas de investigación que en algún momento se abandonan sin explicación válida, secuestros de droga que se adjudican a operativos inexistentes, encubrimientos, extorsiones, falsedades y omisiones.

“Son cosas que no podemos probar, pero que mandamos a investigar. Se repiten casos de falso testimonio, o de abogados que denuncian a los investigadores. Es una ingenuidad pensar que se implante droga, pero sí se plantean situaciones dudosas en cuanto a las formalidades a cumplir con los testigos. Se tergiversan las cosas para ocultar una relación anterior con el procesado, o se oculta que existió una entrada de los policías (al lugar a allanar) previa al procedimiento formal”, resumió la jueza federal Laura Cosidoy.

COMPENDIO DE REITERACIONES

El documento donde constan estos hechos está en el juzgado Correccional Nº 3 de Rosario a cargo de Horacio Benvenutto. Ese juez provincial deberá investigar si los efectivos incurrieron en incumplimiento de sus deberes durante los procedimientos por tráfico de droga. Lo que sigue es una reseña de las actuaciones iniciadas contra efectivos de la policía santafesina:

17-10-01: El tribunal consideró “inadecuado” el proceder policial en la selección de los testigos que presenciaron el secuestro de drogas en una causa por transporte de estupefacientes. Uno de los civiles elegidos para dar fe del procedimiento fue un hombre de 71 años, analfabeto, que sólo sabía firmar, con graves dificultades visuales y auditivas, y que por padecer de diabetes se vio privado de recibir su medicación. Fueron investigados los policías Fernando Scabuso, Cristian Romero y Carlos Rodríguez, de la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop).

25-08-03: El tribunal le pidió al juez federal en turno que determinase quién informó a La Capital que en un procedimiento de calle Casiano Casas al 1900 de julio de 2001 se habían secuestrado 1.200 kilos de marihuana, cuando al tribunal llegó poco más de la mitad: 636 kilos. La droga, distribuida en 125 panes, estaba acondicionada en 28 tambores de plástico azul.

19-09-03: El imputado y un testigo de un caso de almacenamiento de estupefacientes denunciaron irregularidades cometidas por el entonces jefe y personal de la Brigada Operativa de la Digedrop (no mencionados). Los jueces le pidieron al fiscal federal en turno que los investigara.

18-03-04: El tribunal inició actuaciones en contra del oficial Fernando Romitti por la “negligente actuación” policial en un procedimiento en el cual se secuestraron pastillas de éxtasis a un hombre que caminaba por Rioja e Italia y se incautaron bochas de cocaína y plantas de marihuana en un departamento de San Juan al 1800. En esa causa, Romitti dijo que no pudo seguir a una sospechosa “por no contar con unidades de apoyo”. Para los jueces, fue una “inexplicable deficiencia” que no previera los recursos que necesitaría para investigar a tres personas sobre las que dijo tener información que las ligaba al tráfico. “El esclarecimiento (del caso) se vio frustrado por un accionar cuanto menos precipitado. Tampoco avanzó en la investigación del destino, personas y lugares adonde los denunciados se dirigían para concretar el negocio delictivo. La pésima y sospechosa actitud policial no hizo más que frustrar lo que podría haber sido una correcta pesquisa”.

2-05-2005: La condena a Ariel Gitano Luraschi a 7 años de prisión (luego anulada por un tribunal superior) arrasaba con los efectivos que se habían encargado de investigarlo. Los comandantes de Gendarmería Nacional Francisco Ramón González y Oscar Alfredo Ochova fueron acusados de incumplimiento de sus deberes. Ochova también fue investigado por su posible participación en el tráfico de drogas. Dos hombres de la policía satafesina también acabaron bajo sospecha: el comisario mayor Alberto Antegiovanni, acusado de encubrir a una familia vinculada al narcotráfico y de falso testimonio, delito también atribuido al comisario Carlos Rodríguez.

7-05-2005: Los jueces abrieron una causa contra el subcomisario santafesino Marcelo César Marcos, a quien acusaron de haber cometido “encubrimiento y extorsión” durante un operativo efectuado dos años antes en una casa de San Nicolás al 3600 y en otra de Riccheri al 3900. En esas viviendas fueron detenidas tres personas que fueron condenadas a entre 4 y 6 años de cárcel por la tenencia de marihuana y cocaína.

13-10-2005: Cinco policías santafesinos terminaron cuestionados por su “falta de capacidad funcional” en el procedimiento por el cual un hombre fue condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de droga con fines de comercialización. Se trata del comisario principal Néstor Ljumberg (actual jefe de la comisaría 5ª), los oficiales Claudio Kleiman (con imputaciones judiciales reiteradas en casos de ejecuciones sumarias), Hugo Pereyra, Claudio Romano y el cabo Javier González. Los jueces federales ordenaron que fueran investigados por falso testimonio. Además, resaltaron la “llamativa falta de precisión” en las respuestas que dieron al declarar en tanto autores del allanamiento. Por ejemplo, ninguno pudo precisar dónde estaban ubicados los testigos civiles durante la requisa en la que hallaron 46 envoltorios con marihuana y 90 con cocaína en una casa de Castagnino al 2000.

6-12-2005: El tribunal cuestionó la “deficiente actuación” del jefe de la División Inteligencia de la zona sur de la Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia, comisario Jorge Domingo Simil, en una causa en la que dos hombres y una mujer terminaron condenados a más de seis años de prisión por integrar una red de elaboración y venta de cocaína en la zona oeste. Para el tribunal, Simil contaba con elementos para profundizar la pesquisa pero no lo hizo. También señalaron que tenía información precisa sobre el proveedor de la droga (un tal Luis de la ciudad boliviana de Tacuiba), pero no instrumentó medidas para atraparlo. “Como resultado, la investigación no superó el ámbito local”, reprocharon.