DETECTAN EN SANTA FE MANIOBRAS DE FRAUDE EN AMPAROS POR EL CANJE

El Ministerio de Economía detectó en varias provincias una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a obtener sumas millonarias con los amparos otorgados por los jueces a los bonistas afectados por el default.

Los casos más relevantes hasta ahora se conocieron en Tucumán, Santa Fe, Misiones y la provincia de Buenos Aires, según informaron a LA NACIÓN fuentes oficiales que participan de las investigaciones.

Las actuaciones fueron giradas en forma inmediata al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, quien podría ordenar la formulación de denuncias penales contra los bonistas y “otros integrantes de este presunto delito, entre los que se destacan estudios de abogados y funcionarios judiciales”.

El expediente que generó la mayor preocupación en el área legal del Palacio de Hacienda fue una medida cautelar concedida por un juez en Tucumán a una demandante “de apellido Borquez, que primero reclamó 600.000 dólares y luego quiso retirar 5.000.000 millones de dólares”, se precisó.

Las fuentes detallaron el modus operandi descubierto: “como el juez concedía el amparo sobre la cuenta que tenía el demandante en la Caja de Valores, y no sobre el monto en particular, no había ningún control sobre la evolución de sus operaciones”.

De este modo, presuntamente esta persona -que podría ser una “prestanombres”- al presentar el pedido de la cautelar ante la justicia federal tucumana tenía US$ 600.000, a los que luego sumaba bonos comprados después del default.

Si bien los técnicos del Palacio de Hacienda se sorprendieron por el monto solicitado, mayor fue su desconcierto al solicitar a la Caja de Valores la información sobre esta demandante: el organismo que tiene los títulos informó que, luego de la fecha de la presentación de la causa, “esta persona habría adquirido otros 4.400.000 dólares”, que el juez Terán estaba a punto de otorgarle.

La irregularidad consiste en que esta suma adicional fue adquirida luego del default, es decir, una vez que se consumó el perjuicio para el bonista. “Estaban comprando bonos ya defaulteados, y la ley es clara: el amparo puede reclamarlo aquel que compró títulos antes de fines de 2001”, explicó un enojado funcionario.

Los abogados oficiales presentaron una petición ante el magistrado, que suspendió la semana pasada la ejecución de la medida y ordenó girar las actuaciones para una eventual demanda penal, se aclaró.

En las pesquisas realizadas se descubrieron “decenas” de casos similares en la misma provincia, en los que “intervenían siempre cuatro conocidos estudios de abogados, con la posible complicidad de funcionarios judiciales”.

OTRAS FORMAS DE FRAUDE

Pero las sospechas se extendieron a otras provincias: “Tenemos casos en Misiones, Rosario, Santa Fe y el conurbano bonaerense”, sostuvo una calificada fuente oficial. “Se trata de una banda muy bien estructurada”, advirtió.

De todos modos, los funcionarios del Palacio de Hacienda saben que “no siempre los casos se detectan a tiempo, como ocurrió en el de Tucumán, porque los jueces ejecutan rápidamente la sentencia, y aun cuando logremos que se dicte un embargo, éste no tiene efectos de suspensión, por lo que el demandante cobra y desaparece”.

Además de estos aumentos sorpresivos en cuentas de bonistas que reclaman dinero, se descubrió también que “otra gente se ampara en las excepciones previstas por la ley [por edad avanzada o enfermedad, entre otras razones] para retirar la totalidad de su dinero, pero en realidad se trata de personas que también compraron bonos después del default”.

Las excepciones, cabe recordar, sólo rigen para los bonistas afectados por la cesación de pagos de fines de 2001.

Y si bien no hay cifras totales sobre el presunto fraude, en Economía admiten: “Estamos hablando de sumas de varias decenas de millones de dólares”, que al parecer terminan en bolsillos que no corresponden.

MANIOBRA

Punto de partida: el expediente que generó la mayor preocupación fue una medida cautelar concedida por un juez en Tucumán a una demandante de apellido Borquez, que primero reclamó US$ 600.000 y luego quiso retirar 5.000.000 millones de dólares.

Post-default: los ahorristas pretendían incluir en el monto reclamado por el amparo bonos que habían comprado después del default.

Qué dice la ley: un bonista puede recurrir a una presentación judicial para recuperar el monto que perdió por el default sólo si adquirió los títulos antes de la cesación de pagos del Estado.