DETECTAN FALLAS EN LAS HABILITACIONES DE BOLICHES PORTEÑOS

La Justicia porteña detectó irregularidades en las inspecciones y habilitaciones a boliches de la Capital Federal llevadas a cabo después de la tragedia de Cromañón, que dejó 193 muertos. Por esto, advirtió que podrían anularse la autorizaciones que permitieron la reapertura de varios locales.

Así lo determinó la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal, según un fallo de la jueza Alejandra Petrella, al que tuvo acceso la agencia de noticias DyN.

La principal irregularidad está en haber hecho constar, en las actas de habilitación, que había existido una supervisión de la Justicia, cuando esta ni siquiera había sido notificada de los resultados de las inspecciones.

La jueza destacó “la irregularidad consistente en haber incluido en los considerandos de los actos -que nunca fueron acompañados al Tribunal- que había mediado intervención judicial”.

La reapertura de los locales estaba supeditada, según un fallo anterior, a “la inspección judicial (con asesoramiento de Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal) de la totalidad de los locales homólogos a aquél en el que ocurrió la tragedia”, es decir, República Cromañón.

Pero el punto cuatro de la parte resolutiva del fallo de la jueza destaca expresamente que “falta -en algunos casos- constancia de la intervención de la Superintendencia de Bomberos”.

Sobre el “acto administrativo de habilitación”, destacó que “ostenta un vicio manifiesto”, pues “no resulta exacto que ‘el resultado de las inspecciones fue comunicado a la Sra. Jueza…”, como sostuvo el gobierno porteño. “La circunstancia apuntada constituiría un incumplimiento” de lo dispuesto por un fallo anterior sobre las condiciones de reapertura de los locales nocturnos.

El fallo “insta” al gobierno porteño “a que se abstenga de hacer menciones en los actos administrativos de constancias que no surjan de la causa… bajo apercibimiento de remitir copias certificadas de las piezas pertinentes a la Justicia Penal a fin de que investigue la posible comisión de un delito de acción pública, y de imponer sanciones pecuniarias a los funcionarios responsables en caso de incumplimiento”.